El Congreso deja caer la ley contra el proxenetismo
PP, Sumar y los independentistas tumban la norma del PSOE que lo prohibía y queda patente la división de los socios
Un grupo de mujeres prostituidas por #StopAbolición. FERNANDO ALVARADO
El PSOE sufrió ayer una dolorosa derrota. La gran mayoría del pleno del Congreso acordó tirar a la papelera su ley para abolir la industria de la prostitución en España prohibiendo el proxenetismo en todas sus formas. Fue el resultado de una pinza parlamentaria atípica. El PP cambió su postura de hace dos años ante un texto idéntico y votó en contra de aceptar que se iniciase la tramitación de esta ley junto a Sumar (el socio en el Gobierno), el PNV y los independentistas de ERC, Junts y Bildu, habituales aliados parlamentarios del PSOE. Literalmente, los socialistas se quedaron solos. Lo más parecido que tuvieron a la comprensión fue la abstención de Vox y de Podemos.
La propuesta socialista derrotada, que decayó la pasada legislatura por el adelanto electoral, modificaba el Código Penal para permitir el encarcelamiento de proxenetas y dueños de burdeles por el simple hecho de lucrarse con la actividad (con independencia de que se ejerza de forma voluntaria o no), la clausura de sus prostíbulos y pisos y la sanción de los clientes de la prostitución, con fuertes multas e incluso pena de prisión si la mujer es una menor. En pocas palabras, prohibía la industria de la prostitución en España.
Acalorado debate
El resultado final del muy acalorado debate vivido en el pleno fue el rechazo de la proposición de ley, pero cada grupo político actuó por razones diversas. El PP aseguró que está de acuerdo con el cambio del Código Penal para encarcelar a proxenetas y dueños de locales de prostitución, pero justificó su ‘no’ por al menos tres razones. No cree que el PSOE de verdad quiera aprobar esta ley, solo ve electoralismo y ganas de tapar escándalos y asegura que su formación ya tiene un borrador de ley integral contra la trata, con las reformas penales, pero también con un plan para rescatar a estas mujeres y le ofreció al PSOE pactarla.
En el cambio del posición popular también pudo pesar la oportunidad de escenificar que Pedro Sánchez y su Gobierno están en decadencia, con grietas públicas entre los socios y abandonos de sus aliados parlamentarios habituales. Sumar plantó a su socio tras afearle que ni siquiera la consultase la presentación de la proposición de ley. Cree que es una iniciativa «puramente electoralista», que lo único que ha logrado es dividir al mundo feminista, y está de acuerdo con Podemos en que la ristra de medidas puramente penales no aporta soluciones al fondo del problema, que creen que exige de cambios en la ley de extranjería y ayudas económicas y políticas formativas, de empleo y de acceso a la vivienda que ofrezcan una salida real a la mujeres prostituidas.
Esquerra, coincidió en muchas de las críticas de Sumar, pero además es firme defensor de que la prostitución, cuando es voluntaria, se regule como una profesión más y que solo se persigan penalmente los casos vinculados a actos de violencia o de coacción. EH Bildu y Junts usaron argumentos muy próximos a las posturas tanto de Sumar como de Esquerra, pues no son partidarios de la conversión en delictiva de la industria de la prostitución y exigen soluciones y planes sociales para combatir y dar salidas a los casos de explotación sexual. El PNV ve solo una propuesta incompleta y poco trabajada, reclama también una ley integral y cree que debería elaborarse con tiempo y tranquilidad en una subcomisión parlamentaria.
La proposición de ley que decae, si hubiese sido aprobada, hubiera significado el cierre de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona. Daría igual que el prostíbulo funcionase con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen.
El proxeneta, si no había ni violencia ni coacción, sería castigado de 2 a 4 años de cárcel. Si la intimidación estaba presente, tendría la actual pena de 3 a 6 años de prisión. Por igual criterio, la tercería locativa sería el mero uso habitual de un negocio o local para lucrarse con la prostitución. Habría delito sin que hiciese falta probar la explotación o sin importar si la mujer ejerce la prostitución de forma voluntaria.