La Iglesia toma el control del convento de las clarisas

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha sido nombrado comisario Pontificio de los monasterios de las clarisas de Belorado, Orduña y Derio, además de que se ha prohibido el acceso y permanencia en el convento burgalés y en todos sus inmuebles «a los señores Pablo de Rojas y José Ceacero» y a cualquier persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol.

Así lo anunció el prelado burgalés, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa que se convocó este mismo miércoles por la madre María Javier Soto, presidenta federal de la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazú, a la que pertenecen los monasterios de Belorado, Orduña y de Derio; la hermana Carmen Ruiz, secretaria federal de la misma federación; Donato Miguel Gómez, vicario judicial de la Archidiócesis, y Rodrigo Saíd García, director del departamento Jurídico.

El arzobispo leyó un comunicado en el que explica que este 29 de mayo expiró el nombramiento de sor Isabel como abadesa del monasterio de Belorado y Derio, además de que este era el día previsto para la elección de la nueva responsable, pero después de que el pasado 13 de mayo la abadesa proclamase la decisión de abandonar la Iglesia Católica para situarse «bajo la jurisdicción del señor Pablo de Rojas», la Federación a la que pertenecen los tres conventos solicitó ayuda a la Santa Sede. La Santa Sede ha decidido nombrar al arzobispo de Burgos comisario Pontificio de los tres conventos, por lo que se le han otorgado «todos los derechos y deberes» además de que se ha designado una comisión gestora para coordinar las acciones en el ámbito canónigo y en el ámbito civil, para lo que se contará con la colaboración de un despacho profesional.

Al respecto Mario Iceta ha apuntado que un profesional podrá supervisar toda la gestión económica de los monasterios «y también se encargará de la realización de una auditoría y de un inventario de bienes» y si fuera necesario se contará con la ayuda de despachos jurídicos profesionales «en materia civil, fiscal y penal, porque a veces hay declaraciones que pueden entrar en el terreno del ofensivo con respecto al honor de las personas».