La Iglesia pide reflexión a las monjas clarisas para detener su calvario

La Santa Sede nombra al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, comisario pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, Orduña y Derio otorgándole de esta forma “todos los derechos y deberes” en la administración de sus bienes; enmarcado en “el derecho universal de la Iglesia y el derecho propio del Instituto atribuyen al superior mayor y a su consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil”.

Así lo dio hoy a conocer monseñor Iceta en una multitudinaria rueda de prensa en la que se ofrecieron más detalles sobre la situación del monasterio y de las hermanas que lo habitan. Lo hizo acompañado por la madre María Javier Soto y la hermana Carmen Ruiz, presidenta y secretaria de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, respectivamente; el vicario judicial de la archidiócesis de Burgos, Donato Miguel Gómez Arce; así como del director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos, Rodrigo Saiz García.

El nombramiento coincide con el plazo de sor Isabel como abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado. Y este día era el acordado previamente con el delegado episcopal para la vida consagrada para la elección de la nueva abadesa, después de que la citada religiosa firmase una declaración el pasado 13 de mayo para abandonar la Iglesia católica y pasar a jurisdicción del ‘obispo’ expulsado Pablo de Rojas.

Para el desempeño de este encargo de la Santa Sede, el comisario ha nombrado una comisión gestora y se pedirá también “la colaboración de un despacho profesional para la administración de los monasterios y sus bienes y se encargará la realización de una auditoría y un inventario”. “Asimismo, si fuera necesario, se contará con la ayuda de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal o penal”, advirtió el arzobispo de Burgos.

Mario Iceta relató que a última hora de ayer martes se remitió un burofax a sor Isabel (exabadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado) comunicándole la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio “con efectos inmediatos”. Asimismo, advirtió, “se prohibirá expresamente el acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles de los señores Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión San Pablo Apóstol”. “Deben abandonar el recinto privado con acuerdo y sentido común”, deseó.

“Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración”, exclamó Iceta, a la vez que precisó que “transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica”. Si bien apuntó que “en caso de no deponer su decisión” se concluiría con la declaración de “excomunión” que lleva consigo “la expulsión de la vida consagrada”. “Confiamos vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo”, confió Iceta. “No tenemos plazos establecidos”, dijo, si bien confió en que “esta situación pueda revertirse”. “Queremos actuar con delicadeza y prudencia”, apostilló.

Por su parte, el director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos, Rodrigo Saiz, respondió a preguntas de los periodistas acerca de cuál sería el procedimiento a seguir si las monjas desoyeran las medidas y decidieran quedarse en el monasterio: “Vamos a ir paso a paso; las medidas de fuerza del ámbito judicial lo dará el tiempo”. El vicario judicial de la archidiócesis de Burgos, Donato Miguel Gómez, confirmó que “se está avanzando” en la investigación iniciada por un posible delito de ‘cisma’.

“Bienestar de las hermanas mayores”

Asimismo, Iceta reconoció que “es nuestra preocupación velar por el bienestar de las hermanas mayores”. “Tenemos constancia del cuidado esmerado que les ofrecen, aunque nos aflige que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado, y será una cuestión prioritaria que habrá que abordar”, manifestó.

Además, recordó que “los monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas”. Por ello, subrayó que “si se llegara a decretar la supresión de los Monasterios, por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa (denominada Cor Orans), todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos, no de la archidiócesis”.

Iceta aseguró que “seguimos orando, y nos consta que lo están haciendo muchas personas y comunidades, para que las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa”. “La Iglesia las espera con entrañas de misericordia”, exclamó. En cuanto a Sor Amparo, la monja que desde el primer momento abandono el convento de Belorado, Iceta aseguró que actualmente se encuentra en Vitoria donde ya había estado como religiosa. “Se encuentra tranquila y bien, integrada en la comunidad”, agregó.

Finalmente, el comisario pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, Orduña y Derio informó de que estas medidas se han comunicado al Nuncio Apostólico, al presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, al presidente de la Comisión Episcopal Vida Consagrada y a los obispos de Vitoria y Bilbao.