El TC avala que las menores de 16 y 17 aborten sin permiso de los padres

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres, informa Ep.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que el Pleno de la corte de garantías ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.

La mayoría progresista del tribunal —siete votos— ha rechazado así el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010.

No obstante, los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, del ala conservadora (cuatro votos), han anunciado voto particular en contra de la decisión de la mayoría.

Los de Santiago Abascal llevaron la ley ante el Constitucional al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.

Fue en febrero de 2023 cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma que supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, un aspecto sobre el que el TC no se pronunció en 2023 al resolver el recurso del PP contra la ley del 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015.

La reforma también eliminó los tres días de reflexión y blindó el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.

El resultado de esta votación es idéntico al de hace justo un año cuando el tribunal avaló la ley de plazos, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La reforma de la ley del aborto acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años, un requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP, y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.

El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.