Hoy acaba el plazo para que los ayuntamientos se adapten a las bajas emisiones
Contaminación en el cielo de Madrid, en una foto de archivo. JUAN CARLOS HIDALGO
Un total de 547 días. Este es el tiempo que ha pasado entre que entraron en vigor la obligatoriedad de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles con más de 50.000 habitantes y el fin de la prórroga para adaptar las ya existentes a la nueva legislación que pauta la Ley del Cambio Climático y Transición Energética.
Un año y seis meses después, sólo 23 de los 151 ayuntamientos afectados han cumplido. «Hoy se acaba la prórroga para adaptar las zonas que ya estaban en vigor a la normativa actual», señala a este periódico Cristian Quílez, responsable de Proyectos del Área de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de Ecodes. «Eran nueve o diez, aproximadamente. Aunque la realidad es que todos los ayuntamientos están incumpliendo la ley desde principios de 2023», advierte. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en España hay activas 23 Zonas de Bajas Emisiones. «Y algunas si se analizan son de risa», denunció Miguel Ángel Ceballos, miembro de Ecologistas en Acción, en la presentación del informe La calidad del aire en el Estado español durante 2023 . «Zaragoza no multa; en Sevilla solo hay cámaras en la Isla de la Cartuja y en Valencia han decidido solo multar si hay picos de contaminación», explicó Carmen Duce, coordinadora del área de transporte de Ecologistas en Acción, en la misma presentación. «Al final todo es desobediencia», resume Quílez.
La Ley del cambio
Aprobada en 2021, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en los núcleos urbanos. «Esta ley y las famosas zonas no van en contra del coche, la gente se ha quedado con eso, pero se trata de cambiar la movilidad de las ciudades y hacerlas más habitables», apunta el portavoz de Ecodes.
El ministerio dirigido por Teresa Ribera planteó una serie de directrices para, señalaron, «no solo reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, sino también promover una movilidad más sostenible y mejorar la calidad de vida en las áreas urbanas».