Los obispos avalan verificar la edad para ver porno

La Conferencia Episcopal Española ha respaldado la medida anunciada por el Gobierno para que los adultos tengan que verificar la edad para acceder a contenidos pornográficos en Internet. «Apoyamos todo lo que sea un control de ello, es una gran plaga que tenemos», ha advertido este jueves el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, durante la rueda de prensa por la 267º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, celebrada los días 2 y 3 de julio.

Para evitar el acceso de menores a la pornografía y ante el dato «escalofriante» de la edad en la que los niños empiezan a ver páginas para adultos, el portavoz de la Conferencia Episcopal ha reclamado un Pacto de Estado. «Es escalofriante cuando se oye la edad de inicio de menores en pornografía», ha señalado.

«Tendría que haber un Pacto de Estado porque la pornografía hace daño a todos. Está detrás una reducción de la persona a ser un instrumento de usar y tirar», ha apuntado García Magán, quien ha pedido «un ámbito de respeto y dignificación» de la mujer ya que, en sus palabras, con el porno hay «una instrumentalización, una manipulación de la dignidad de la mujer».

Por lo tanto, el portavoz de los obispos ha dado la bienvenida a «todo lo que sean medidas de protección contra esa explotación», como la ‘Cartera Digital Beta’ que el Gobierno prevé que esté lista a finales del verano. Se trata de una aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía.

Además, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha convocado para el próximo martes 9 de julio una Asamblea Plenaria Extraordinaria para someter a votación de los obispos el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (Priva).

El portavoz y secretario general de la CEE, César García Magán, ha explicado que es un plan para aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y ha garantizado que habrá reparación económica.

«Habrá, por supuesto, reparación económica a las víctimas que así lo soliciten. Está previsto», ha enfatizado, sin especificar cómo va a financiar la Iglesia católica española este plan, que comportará una reparación integral que «implicará una personalización de la misma y un acompañamiento técnico, psicológico, médico y también espiritual».

Magán tampoco ha especificado los pormenores del mismo, a la espera de ver si se aprueba en la Asamblea plenaria, lo que requerirá como mínimo mayoría de dos tercios, aunque ha avanzado que el mismo establece los criterios para determinar qué se considera una víctima. Igualmente, ha descartado que se fije una cifra de víctimas, y tampoco ha despejado si participarán o no en el fondo estatal planteado por el Gobierno para indemnizarlas, aunque sí ha precisado que el Ejecutivo ha sido informado de este plan a través de la comisión bipartita en la que participan el Gobierno y los oibspos. Así, la 267º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, celebrada los días 2 y 3 de julio, ha estudiado el plan Priva, en cuyo diálogo ha participado, junto a los obispos, el secretario general de la Conferencia Española.