León lidera el apoyo a personas limitadas para decidir su vida

Dar un apoyo jurídico personalizado a las personas con limitaciones en su capacidad para decidir por padecer alguna enfermedad mental es la misión que desde hace casi 24 años cumple Feclem en León. En el año 2000 se puso en marcha esta fundación tutelar de forma pionera para dar respuesta al vacío institucional cuando las personas con problemas de salud mental perdían a sus familiares.

Feclem tiene actividad actualmente en todas las provincias de la Comunidad y cuenta con oficinas en León, Burgos, Valladolid y Salamanca. Durante 2023 atendió 633 personas en calidad de curatela representativa o asistencial, en defensa judicial o por encargo testamentario. El 21% —algo más de 130— corresponden a la provincia leonesa, donde Feclem ejerce más cargos, seguida de Palencia (17%), Valladolid (15%), Burgos (14%), Ávila (10%), Soria y Zamora (7% respectivamente), Salamanca (6%) y Segovia (3%).

La curatela representativa, que supone que la persona requiere apoyo total para sus decisiones, supone el 67% de los cargos de Feclem, mientras que la curatela asistencial o apoyo parcial equivale al 14%. La defensa judicial es la misión en el 13% de los cargos y la testamentaria y otros cargos, el 3%.

El perfil de las personas que estuvieron bajo el paraguas de Feclem en 2023 tenían como diagnóstico principal ezquizofrenia (59%), trastornos del estado de ánimo y otras psicosis (20%), trastorno de la personalidad (20%) y trastorno bipolar (8%). Además, el 57% de las personas tiene otro diagnóstico asociado como la discapacidad intelectual (47%), las toxicomanías y adicciones (41%) y discapacidad física y otros (12%).

En casi la mitad de los casos, el 45%, existe una dificultad en el abordaje de la curatela. Los principales factores de complejidad en los cargos son las dificultades para la gestión patrimonial (54%), los problemas de conducta disruptiva (44%) y los que se encuentran en situaciones económicas deficitarias (38%).

Por sexos, el 63% de las personas son hombres y el 37% mujeres. La elevada edad es otro de los rasgos del perfil de las personas con cargos de curatela. El 59% tiene de 50 a 70 años, el 26% más de 70 años y el 15% menos de 50. El 26% tiene ingresos entre 5.000 y 10.000 euros anuales y el 38% de estas personas viven en sus casas. El 85% tienen asignado un auxiliar social, persona de referencia que mantiene un vínculo con la persona a cargo de la fundación Feclem

A lo largo de 2023 se abrieron 109 nuevos expedientes destinados a proporcionar apoyos jurídicos en determinadas esferas de la vida de la persona, respetando sus deseos, preferencias y voluntades. La Fundación ha sido requerida por los juzgados en un 82% de las ocasiones para esta misión.

La fundación reivindica en la presentación de su memoria más financiación para cumplir sus fines debido al estancamiento de su presupuesto desde hace varios años pese a tener un mayor número de cargos.

La principal fuente de financiación son los ingresos propios percibidos principalmente de las retribuciones al curador marcadas por un juez o jueza. Representan la mitad de la financiación y es la partida que más se ha incrementado: hace 3 años suponía un tercio. Seguidamente se encuentran los convenios y subvenciones firmados con las entidades publicas y, en menor medida, la financiación privada.

Respecto al gasto, tres cuartas partes se destinan a los sueldos de los y las profesionales de Feclem. El resto, se divide entre los diferentes servicios profesionales que son necesarios para el desarrollo del trabajo de la entidad.

La falta de actualización de los convenios de colaboración y la inexistencia de un sistema de gestión del servicio ha abocado a Feclem a una situación límite. A través de un manifiesto, que ya han suscrito casi 900 personas, reclaman «un modelo que garantice nuestra estabilidad económica» y «una concertación responsable, que propicie el bienestar social de las personas que necesitan apoyos en la toma de decisiones».

Al igual que hacen otras comunidades autónomas, plantean que la Junta suscriba convenios que «fortalecerían nuestro papel como colaboradores necesarios de la administración pública». La curatela se debe ejercer «en base a parámetros ajustados a la persona, medibles y cuantificables». Para que las personas con discapacidad por un problema de salud mental tengan garantizado el ejercicio de su capacidad jurídica es necesario que se incorpore a la cartera de servicios sociales, subraya la fundación.