El obispo de León asume reparar a las víctimas de abusos sexuales

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, asume el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales a menores y personas vulnerables equiparables en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva) que aprobó este martes la Conferencia Episcopal Española de forma mayoritaria, aunque no por unanimidad.

La CEE deja libertad a los prelados de cada diócesis para que decidan si indemnizan o no a los casos de abusos sexuales en el seno de la iglesia que estén prescritos —casi todos—, a lo que la leonesa señala que lo adoptará en los términos estipulados en el Priva.

Sobre el número de víctimas susceptibles de ser indemnizadas, el Obispado de León apunta que «a día de hoy no es posible hacer un cálculo». El número de casos que recibió el despacho Cremades&Calvo Sotelo Abogados fue de unos 70 de toda la provincia (incluye la Diócesis de Astorga) pero no todos han pasado el filtro.

El Defensor del Pueblo publicó en 2023 un informe en el que señala 14 localizaciones de abusos sexuales en el seno de la iglesia en la provincia de León, ocho en la capital y sendas en Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Palacios de Valduerna, Carrizo de la Ribera y Villarejo de Órbigo. El Obispado de Astorga no se ha pronunciado aún.

Un obispo solo obedece a Roma, de modo que puede hacer caso omiso de las peticiones de la jerarquía católica para pagar una indemnización. Para salvar esta laguna, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aduce que «si una puerta estrecha se cierra, otra grande se abre», lo que induce a pensar que la Iglesia en su conjunto asumirá el coste de la reparación. «Si llegara el caso, que no lo creo, de que un obispo o un provincial rechazara dar una indemnización, asumiríamos esa deficiencia», dijo el presidente de Confederación Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

La comisión asesora será la encargada de evaluar cada caso y de cifrar, si procede, la cuantía de la indemnización y otras medidas de acompañamiento, como terapia psicológica o atención espiritual. El organismo, que ha concitado las críticas de las organizaciones de víctimas porque estas carecen de representación directa en él, podrá convocar a un representante de una asociación, pero solo en calidad de «invitado». La comisión estará formada por diez expertos: cuatro proceden del ámbito médico forense, otros tantos del jurídico, más un miembro del episcopado y otro de la Conferencia Episcopal.

Luis Argüello lanzó dos mensajes de manera insistente. La mayoría de los damnificados por las agresiones sexuales en la Iglesia no forman parte de las asociaciones de víctimas, lo que no es óbice para que se busque un canal de comunicación con el fin de que se los escuche.

Actuación «unilateral»

Y como segundo argumento, Argüello dijo que es verdad que la Iglesia ha actuado de forma unilateral, como dice el Gobierno, pero ello no significa un desdoro sino un elogio. «Hemos sido unilaterales, claro que sí, hemos dado un paso al que no estamos obligados jurídicamente», sentenció Argüello, que aseguró que los mitrados actúan atendiendo a un deber moral. «Y eso que han querido utilizar como reproche es en realidad un reconocimiento, apostilló. A la vista de que el plan no es de obligado cumplimiento, Moncloa quiere erigirse en garante de la justicia a las víctimas y plantea la creación de un organismo parecido pero con la participación del Estado y las víctimas.