Trabas para abortar un año después de la ley
No se han creado los registros de objetores y sigue el acoso en clínicas
En la imagen, local abierto por grupos en contra del aborto frente a una clínica.
Más de un año después de la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, este derecho sigue sin estar garantizado en la mayoría de territorios y el Ministerio de Sanidad aún no ha elaborado el protocolo que regula los registros de objetores de conciencia, mientras que se mantiene el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas.
El pasado mes de marzo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que llevaría «próximamente» al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el protocolo con el que se gestionarán los registros de objetores, que garantizarán un acceso equitativo para que las mujeres elijan dónde interrumpir su embarazo.
El protocolo orientará a las comunidades sobre cómo articular el registro de los profesionales objetores de conciencia, pero de momento este documento está pendiente de elaboración y fuentes del Ministerio de Sanidad señalan a EFE que todavía se encuentran trabajando en él.
Mientras, son varias las comunidades autónomas que han puesto en marcha su propio registro. La última en hacerlo ha sido Cataluña, que el pasado 11 de junio aprobó un decreto para la creación del registro confidencial de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia en la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
A este registro, que no tendrá carácter público, podrán acceder, en el ámbito de sus competencias, los responsables de las direcciones o gerencias de los centros sanitarios autorizados para la realización de interrupciones voluntarias, a fin de gestionar correctamente estas intervenciones.
La Junta de Extremadura también ha anunciado que prepara un decreto para regular la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Canarias lo hizo en marzo con el objetivo también de facilitar al Servicio Canario de la Salud la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC), José María Domínguez, mantiene que la creación de estos registros obedece no sólo a una necesidad ética, sino también legal.
«La ley señala que se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, pero todavía no se ha puesto en marcha y eso limita los derechos de los médicos a poder manifestarse como objetores de conciencia», denuncia.
Las trabas al ejercicio del derecho al aborto se manifiestan también en forma de concentraciones frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo que, a pesar de que hace más de dos años se aprobara una ley que penaliza estas actuaciones, siguen sufriendo el hostigamiento de grupos ultracatólicos.
El asesor jurídico de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), José Antonio Bosch, relata a EFE el día a día de muchos de estos centros, como algunos situados en Madrid, Córdoba o Albacete, donde la presencia de estos grupos frente a sus puertas es permanente.
«Tenemos un periodo fuerte que son las campañas de los 40 días por la vida y la campaña de Cuaresma, y luego suele venir un pequeño decaimiento conforme va avanzando la primavera y entrando el verano, para incrementarse de nuevo en otoño», explica.