Una campaña exige desterrar atenuantes machistas y racistas en delitos contra niñas gitanas
‘Las niñas gitanas, niñas son’ es el lema de la recogida de firmas que impulsan cuatro mujeres romaníes y dos asociaciones
Mural dedicado al pueblo gitano en la orilla del río Bernesga a la altura del puente de San Marcos.
El uso de la ‘cultura gitana’ como atenuante o eximente en sentencias judiciales de delitos contra niñas gitanas como «supuestos matrimonios gitanos» y delitos de violencia de género y abusos sexuales «refleja prejuicios machistas y racistas que desvalorizan los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las niñas gitanas».
Así lo manifiesta la campaña ‘Las niñas gitanas, niñas son’ que impulsa la leonesa María Hernández, exconcejala del Ayuntamiento de León e involucrada en el movimiento proderechos del pueblo romaní, así como otras tres mujeres gitanas, Séfora Vargas Martín, Sandra Heredia Fernández y Celia Montoya Montoya, así como las asociaciones Aprodeig y La Fragua Projects.
Una sentencia de la Audiencia Provincial de León fue la gota que colmó el vaso. La rebaja de la condena al agresor de 21 años que había mantenido con una menor de 12 años al menos tres relaciones sexuales con penetración de las que había quedado embarazada en tres ocasiones a los 12, 13 y 15 años se sustentó en la «cultura gitana». La Audiencia Provincial de León argumentó que «si bien existe una importante diferencia de edad entre víctima y procesado», no hay que «olvidar que, en la cultura gitana, las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas».
Desde León
Ante la «respuesta evasiva» de que «no puede inmiscuirse en no tiene competencia para intervenir en aquellas reclamaciones basadas en discrepancias o desacuerdos con lo decidido por Jueces y Magistrados», hanc reado esta iniciativa que recoge firmas entre la ciudadanía a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ4UAazSUHstyJEskH21IHmPr3S8nqgvHXJsTKv4tcgifYbA/viewform.
«Las gitanas no se casan a los 12 años como norma general. Estos son hechos muy aislados y minoritarios en la población gitana en su conjunto, y lamentablemente se dan en contextos de un alto nivel de exclusión social, que en todo caso debería ser causa de una exigencia extra de amparo judicial a nuestras niñas y no al revés», alegan. De hecho, añaden, la prevención de los matrimonios tempranos es uno de los enfoques prioritarios del movimiento asociativo de mujeres gitanas en España, junto con la lucha contra la violencia de género y los abusos sexuales, para lo que echan en falta medidas específicas de protección hacia las mujeres y niñas gitanas en la ley de violencia de género de 2004.
Gota que colmó el vaso
«Las mujeres gitanas y la sociedad gitana en general, vivimos con miedo y pavor que estas decisiones judiciales sigan proliferando en nuestro sistema judicial». Además, advierten, que pueden llegar a producir un «efecto llamada para poder violar y maltratar a nuestras menores».
La campaña se ha activado el 30 de julio, una fecha emblemática para el pueblo gitano que recuerda la Gran Redada, Prisión General de Gitanos, Baró Estardipé en Rromani de 1749. Este fue «un intento de genocidio contra el Pueblo Gitano, en el Estado Español, orquestado por el Marqués de la Ensenada». Y es que la sede del Consejo General del Poder Judicial se encuentra ubicada en la calle que lleva el nombre «del mismo organizador de ese intento de exterminio del Pueblo Gitano» en España.