Consumo pide retirar varios lotes de tinto de verano La Casera por la presencia de fragmentos de vidrio
Tinto de verano La Casera.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha pedido la retirada de varios lotes de los productos 'Tinto de verano limón', 'Tinto de verano limón 0,0' y 'Tinto de verano gaseosa' de la marca La Casera por la posible presencia de fragmentos de vidrio. En caso de tener estos productos afectados en casa, la AESAN pide no consumirlos.
En el 'Tinto de verano con limón', los lotes afectados son los siguientes: 1041024197, con fecha de caducidad del 15/07/2025; 1041024198, con fecha de caducidad del 16/07/2025; 1041024199, con fecha de caducidad del 17/07/2025; 1041024200, con fecha de caducidad del 18/07/2025; 1041124222, con fecha de caducidad del 09/08/2025; 1041124223, con fecha de caducidad del 10/08/2025; y 1041024239, con fecha de caducidad del 26/08/2025.
Los lotes afectados del 'Tinto de verano limón 0,0' son: 1041024200, con caducidad el 18/07/2025, y el 1041224201, con caducidad el 19/07/2025. Por último, los lotes afectados del 'Tinto de verano gaseosa' son: 1041224201 (con fecha de caducidad del 19/07/2025) y 1041324221 (con fecha de caducidad el 08/08/2025).
La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. La AESAN ha sido informada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.