Castilla y León ocupa el sexto puesto en inversión en políticas sociales
Es la que más destina a sanidad, educación y servicios, con el 65% de su presupuesto
Vista de un aula para niños de 0 a 2 años.
Castilla y León se situó en 2023 como la sexta comunidad autónoma del país con la mayor inversión en políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante, con 3.504 euros, por encima de los 3.124 euros de media en España y solo por detrás de Navarra (4.161 euros) y País Vasco (4.079 euros) —ambas con un régimen foral—, además de Extremadura (3.960 euros), Asturias (3.681 euros) y Cantabria (3.546 euros). Por el contrario, a la cola de inversión económica están Cataluña (2.942 euros) y Madrid (2.464 euros), según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La organización lamentó que sólo uno de cada diez euros de aumento de los presupuestos autonómicos el año pasado se destinó a políticas sociales. No en vano, precisó que año tras año, las comunidades destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, ya que si en 2010 eran dos de cada tres euros destinados a estas políticas, en 2023 se ha reducido en nueve puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales. Una tendencia que, añadió, se agudizó el ejercicio anterior, donde se produjo un fuerte incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas (+15.469 millones de euros) y, sin embargo, sólo el 12,5 por ciento de esta cantidad (1.946,6 millones) se destinó a políticas sociales.
Evolución del gasto en servicios sociales en Castilla y León.
El informe sitúa a Castilla y León en el primer puesto de las comunidades que más porcentaje de su presupuesto total destinó a políticas sociales en 2023. En concreto, un 65,4%, por delante de Andalucía y País Vasco (63%, en ambos) y Galicia y Asturias (62 %). La Comunidad está siete puntos por encima de la media nacional. En concreto, Castilla y León reservó el 36,8 % de su dinero a la sanidad (1.968 euros por habitante), el 19,9 % educación (1.065 euros por persona) y el 8,8% a servicios sociales (470 euros por habitante).
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La asociación subraya en el informe que el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9 euros por habitante, limitando así la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales, que aumentaron sólo un 23,2 %, con 589 euros.