El retorno a lo rural espera más ideas innovadoras

«Tenemos que prepararnos para afrontar los desafíos con una población con una de las esperanzas de vida más altas del mundo y también para crear empleo», dijo este viernes Lola Moya, directora de Fondos Sociales de la Fundación Mapfre en el foro sobre Desafíos y Oportunidades de la España rural: Castilla y León, celebrado en León en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación.

A la inauguración del encuentro asistió la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco que destacó la necesidad de abrir nuevos sectores de empleo que se incorporen al sector cultural, paisajístico, turístico, energético y agroalimentario. «Tenemos que ser capaces de que las personas quieran quedarse, venir y volver».

En el foro se habló del acceso a los servicios sociosanitarios y cuidados de larga duración, de empleo, de inmigración y de vivienda y de proyectos a la espera de que den los frutos esperados.

Junta, Fundación Mapfre y Diputación expusieron sus proyectos e inversiones millonarias para conseguir un objetivo que, según los testimonios expresados por los ponentes, tienen aún resultados poco visibles para conseguir dar vida a los pueblos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por lo que pidieron pensar en «formas innovadoras».

La vicepresidenta y consejera, Isabel Blanco, dijo que el coste de mantener los servicios sociales y educativos en los pueblos son un 78% y 60% más caros que en la zona urbana, teniendo en cuenta que uno de cada cuatro municipios no llega a los cien habitantes. «Retos que hay es necesario financiar por todas las administraciones y con fondos europeos» y que ayudan a crear empleo. «Por cada cien personas atendidas en el medio rural, se crean 64 empleos directos y otros doce vinculados, son empleos que no se deslocalizan». Aprovechó su intervención para reclamar «una financiación justa, que tenga en cuenta la dispersión, la población, la tasa de envejecimiento, solidaria, con una negociación conjunta, nunca en la bilateralidad, para no crear comunidades de primera y de segunda» y defendió el programa de atención a mayores ‘a gusto en casa’ que ya beneficia a 2.300 personas en 695 municipios de todas las provincias de Castilla y León.

El alcalde de León, José Antonio Diez, calificó de «drama real y dolorosa» la pérdida de población en la provincia y exigió acciones «inmediatas y contundentes» para fijar servicios «con equipamientos e infraestructuras al mismo ritmo en todo el territorio».

El director general de Mayores de la Junta de Castilla y León, Eduardo García, destacó el informe de la Asociación de Gerentes y Directora de Servicios Sociales, que sitúa a Castilla y León como la comunidad que antes atiende a las personas dependientes y defendió el programa ‘a gusto en casa’ para evitar que las personas mayores abandonen los pueblos.

Jorge Sáinz, presidente de Lares Castilla y León, pidió más financiación para las plazas residenciales. «En los pueblos se atiende a los mayores con cuidadores informales, sin la capacidad ni la profesionalidad, que suelen cobrar en B, no están regulados y la calidad de vida de los mayores es peor. Es una realidad aplastante. En invierno, a las seis de la tarde, ya no hay nadie y mucha gente sufre de soledad, que es muy dura. Incluso con servicio de teleasistencia corren el riesgo de sufrir accidentes y no puedan levantarse. Eso causa angustia en los familiares», por lo que defendió el modelo residencial con cuidados profesionales, para evitar el deterioro cognitivo y como prestador de multiservicios a la comunidad, como peluquería, podología, fisioterapia, comedor o lavandería. García Brea recordó que no todos los pueblos tienen residencias y muchos mayores se ven obligados a abandonar sus casas.

Teresa Villanueva, responsable del programa de mayores y envejecimiento de Cáritas, destacó que no el sentimiento de soledad no tiene que ver con la cantidad sino con la calidad de los cuidados, «que va más allá de la calidad del servicio» y tiene más que ver con la necesidad de sentirse útiles, tener relaciones variadas y que alguien valide que lo han hecho bien en su vida».

Empleo

En la mesa sobre el empleo rural, Carlos Escudero, director Gerente de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, dio que la tasa de paro de personas inmigrantes en Castilla y León es dos puntos inferior que la media de España y que el 20% de los contratos en agosto lo firmaron personas extranjeras. «Se prima que los inmigrantes participen en programas de formación. En el último año se han formado a más de 7.000 personas inmigrantes, de los cuales 3.700 han encontrado empleo». También destacó las ayudas a la contratación, con un suplemento para los empresarios.

Yolanda García Viadero, CEO Bodegas Valduero, cuestionó las políticas y las ayudas para fijar empleo. «Cuando llegan a la zona tardan tres años en conseguir permisos para trabajar y hasta que consiguen los papeles reciben ayudas. Nosotros no encontramos gente para trabajar, hay mucha burocracia y nos vemos y deseamos para encontrar gente. No crecemos más porque no tenemos gente para trabajar».

La alcaldesa de Peranzanes, Hernar García, destacó «lo complicado que es atraer población, la gente no quiere desplazarse y la que está dispuesta no tiene los papeles para trabajar». Escudero apostilló que «son problemas que no se han podido resolver. No es fácil encontrar a personas que trabajen en determinados sitios. En Castilla y León hay 12.000 empleos sin cubrir y 100.000 desempleados»

Lorena Huerta, coordinadora de Diaconía León, que gestiona un Centro de Protección Internacional en Arcahueja, considera la vivienda y el transporte público un reto para la fijación de población en el medio rural. «Los solicitantes de protección internacional no pueden trabajar en seis meses y nosotros los formamos porque en el 99,9% de los casos tienen muchas ganas de trabajar. El problema viene cuando les deniegan la protección porque empieza un proceso largo de burocracia que se incrementa por los problemas del idioma y la formación. Además, una persona inmigrante en situación irregular no puede acceder a ninguna ayuda pública».

El problema de la vivienda provocó un debate con la participación del público por la dificultad para acceder al alquiler de una casa en los pueblos. «La gente tiene miedo por los impagos y los daños».

En la clausura del acto, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, destacó, antes de su discurso institucional, el «desorbitado» precio de las viviendas en algunos pueblos. Destacó el millón de euros para más de 2.500 autónomos que se han beneficiado del Plan de Emprendedores este año, el Programa Filandón, con 438 usuarios y 77 farmacias rurales involucradas y los 57 millones, el 26% del presupuesto provincial para los servicios sociales rurales, o las 4.000 personas atendidas en ayuda a domicilio, que no tiene lista de espera. Y aprovechó para pedir a la Junta que ponga fin «a las clamorosas carencias en materia sanitaria, en concreto en Oncología del Bierzo».

Los objetivos del encuentro coinciden con la convocatoria de ayudas +Rural que la Fundación Mapfre concede en calidad de Organismo Intermedio del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza del Fondo Social Europeo Plus hasta 2027.