Diario de León

Una abogada leonesa, imputada por supuesta transfobia en las redes

Concentración en los juzgados. Feministas leonesas y de otros puntos apoyarán este jueves en León a Yasmina Lozano, una leonesa denunciada por acoso e injurias por llamar señor a una persona trans, si bien ésta se cambió el nombre un año después.

Yasmina Lozano declara este jueves por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid desde León. DL

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Las redes sociales son el caldo de cultivo de las denuncias por transfobia. Hasta ahora se desconoce que alguna haya salido adelante, pero son numerosos los casos que han llegado a los juzgados desde que se aprobó la ley trans, en febrero de 2023.

La leonesa Yasmina Lozano, abogada de 34 años, se enfrenta a una de estas acusaciones a raíz de un escrache y actividades en redes sociales en torno a un acto que se celebró en Getafe en abril de 2023 con personas trans como protagonistas.

Este jueves, Lozano tiene que declarar desde León como investigada en la instrucción de sendas denuncias que interpusieron Mar Cambrollé en Getafe (22 de abril de 2023) por delito de odio y una persona que se declaró mujer trans ante los Mossos d’Esquadra en Barcelona, el 25 de abril, aunque por aquel entonces, su nombre registral era masculino.

La persona denunciante se declaró «mujer trans» y representante y portavoz de Juventudes de la plataforma Trans de Sevilla. La denuncia recoge que cuando volvió al hotel de Madrid, después del evento en Getafe, recibió numerosas publicaciones en Instagram «con contenido e insultos transfóbicos hacia su persona».

La denuncia, encabezada por Kevin Pablo Díaz Monrroy, aunque que a lo largo del relato es identificada como Kiara, apunta a la leonesa como una de las once personas integrantes del escrache y que no dejó de enviarle «mensajes personales mediante instagram dirigiéndose a ella como señor». La denuncia señala también que «con la nueva ley trans las personas pueden modificar su nombre sin necesidad de hormonación ni intervención quirúrgica».

Igualmente aporta capturas de pantalla de comentarios en los que es tildado de «abusador», «misógino», «varón», «un macho diciendo que las feministas son nazis»... y un repertorio similar de comentarios «le han afectado psicológicamente ya que están recordándole continuamente que no está operada de vaginoplastia».

Yasmina Lozano niega que participara en el escrache, pues en el momento que se produjo se encontraba en León «y puedo probarlo». No niega que se dirigó a la persona denunciante como «señor». Y no se retracta. «Legalmente, la ley trans le deja que se defina como mujer y que use los espacios de mujeres o se beneficie de su condición», pero, añade la abogada, «la ley no me prohibe hablar conforme a su biología», sostiene. La persona denunciante no tenía el cambio de sexo registral en el momento de la denuncia. En redes sociales publicó su DNI con el cambio de nombre un año después. Pasar por el juzgado como investigada, no es un plato de gusto para Yasmina Lozano, que ejerce como abogada en León. «A ninguna persona le gusta estar involucrada en un procedimiento penal y más cuando es en calidad de investigada».

Sin embargo, declara que «estoy tranquila, no he cometido ningún delito» y asegura que esta situación ha reafirmado mi compromiso con la defensa de la libertad de expresión y, por supuesto, de los derechos y espacios de las mujeres».

Yasmina Lozano será representada por la letrada barcelonesa Nuria González. «Es un intento de amendrentamiento social», asegura. Esta abogada es la cara visible de La fuerza de las mujeres, organización que respalda a a la leonesa con una concentración este jueves a las 11.00 horas frente a los Juzgados de León. El viernes presentará su nuevo libro Paqui la Taqui en el salón de actos de El Albéitar a las 19.00 horas y el sábado protagoniza una manifestación, la cuarta del colectivo en España desde 2021, para denunciar la carencia de juzgados especializados en violencia de género, que «son solo un 35% de los que serían necesarios, uno por partido judicial»; los feminjcidios (103 en 2023 y 78 en lo que va de año) y las dificultades que tienen las mujeres para abortar en la Comunidad de Castilla y León, donde ningún hospital público, salvo uno comarcal en Burgos, practica las interrupciones voluntarias, lo que obliga a las mujeres a un peregrinaje por clínicas concertadas y, en la mayoría de las provincias, obligadas a desplazarse a Valladolid o Madrid.

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