"El relato de odio al inmigrante empezó con el rostro de un niño»

«La solidaridad y la voluntad política para que los menores se redistribuyan en la península es esencial», señaló el presidente y coordinador de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, aunque si se hicieran bien las cosas, añadió, «Canarias podría acoger hasta 11.000 menores». Lo que no quiere el Gobierno de Canarias, aseguró citando palabras de su presidente, «es que nos manden a los niños con un albarán».

La letrada Patricia Fernández Vicens, abogada de la asociación Coordinadora de Barrios, denunció «falta de garantías» en los procedimientos para ser que los niños y las niñas que llegan en cayucos sean reconocidos como menores de edad. En 2023 el número de niños y niñas inmigrantes no acompañados en Canarias fue de 3.193 y pese a que 2.083 «eran menores indubitados» fueron sometidos a los tres filtros habituales: el primero del voluntariado de Cruz Roja y los dos siguientes de la policía. «Al niño no se le cree cuando dice que es menor de edad y pasa por el sistema de determinación de edad», apostilló García, y muchos de los que Cruz Roja señaló como menores «desaparecen» del listado. Ni siquiera los niños quieren ser niños en Canarias. «Muchos dicen que son mayores porque les han inculcado que es la única manera de no quedarse en Canarias», denunció.

El Gobierno canario exigió un protocolo de identificación que fue rechazado por la Fiscalía y por el Tribunal Constitucional y ahora la Fiscalía reclama ahora un nuevo protocolo. Para los que entran en el sistema de protección, «el nudo gordiano es que tardan años en la determinación de la edad» y salen del sistema de protección sin permiso de residencia. «El Ministerio de Inclusión tiene que iniciar de oficio las solicitudes pero de 3.900 menores, hasta octubre, solo tenía grabados 300 porque el Gobierno de Canarias no da abasto a presentar documentación» y se produce un cuello de botella en los consulados y embajadas para recabarla en los países de origen.

El problema es que «el relato del odio al inmigrante empezó con el rostro de un niño», señaló Patricia Fernández. Esta jurista reclamó «aplicar un enfoque de infancia y no de extranjería» a los niños y niñas migrantes, tal y como está sentando la jurisprudencia. «Ninguna medida se debe tomar sin que el niño o niña sea oída» y las sucesivas sentencias han dejado que debe primar «el interés superior del menor»·, que incluso puede litigar para defender sus intereses. La última sentencia del Tribunal Supremo, de enero de 2024, sobre la devolución de menores de Ceuta «dejó claro que fue una vulneración de los derechos de los niños», en concreto del artículo 15 de la Constitución Española que «reconoce el derecho a la vida y la integridad física». El tribunal destaca que esta vulneración «no hace falta que se haga un daño físico directo, sino por no valorar el riesgo». Además, el tribunal invocó el Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las expulsiones colectivas. El caso de Ceuta no es nuevo. Desde 2006 varias comunidades, incluida Castilla y León, han realizado intentos de repatriación de niños y niñas migrantes. Del caso de Ceuta, que eran unos 60, «muchos consiguieron quedarse y otros volvieron a entrar subrepticiamente, pero al menos hay un niño que tenía una situación de riesgo porque vivía en la calle y era víctima de explotación laboral, del que no sabemos nada».

La falta de acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería o la Constitución para que todas las comunidades autónomas se hagan responsables de la acogida de niños y niños hace prever que todo seguirá igual porque «tampoco hay consenso social y el relato del odio se impone», destacó Patricia Fernández.

La postura del Gobierno

La secretaria de Estado de Migración hizo llegar su mensaje al XI Seminario sobre Relaciones Jurídicas Internacionales a través de un vídeo. Pilar Cancela relató las sucesivas reformas del reglamento de la Ley de Extranjería que ha facilitado la transposición de normativa europea a los estudiantes o los permisos para trabajar a los 16 años, al igual que los nacionales. «Simplificar, agilizar los procedimientos y facilitar el acceso a las vías legales para la incorporación de migrantes al mercado de trabajo», es el objetivo de las políticas del Ministerio de Inclusión, subrayó. En un momento en que «Europa da un giro preocupante a políticas más enfocadas en la seguridad que en los derechos de las personas». El subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, señaló que España vive un momento crucial en las políticas migratorias, pues el crecimiento de población se debe a las personas que llegan desde el extranjero. «Casi nueve millones de personas de los 49 que tiene España» proceden de la inmigración. La próxima reforma del reglamento de Extranjería, que se espera en próximos consejos de ministros, y el impacto de la nacionalidad son los temas que más ocupan. Aláiz destacó que en León los asuntos de extranjería se resuelven en tiempo en más del 90% de los casos y aseguró que la plantilla de este departamento se reforzará en breve.