Los seis funcionarios de su juzgado estuvieron cuatro meses de baja con una crisis ansioso-depresiva
Estudian abrir el primer expediente por «mobbing» a un juez de Coruña
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá la próxima semana si abre un expediente sancionador a un magistrado de La Coruña por acoso
Los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria del CGPJ se reúnen el miércoles para estudiar el informe elaborado por el Servicio de Inspección que, tras analizar durante los últimos tres meses los hechos denunciados por CC.OO. y tomar declaración a los principales afectados, ha propuesto la apertura de un expediente por posible falta grave a Juan Manuel Rodríguez Sineiro, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Coruña. Dado que el acoso moral -conocido como mobbing- no aparece como infracción en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la propuesta de la Inspección hace referencia a una posible falta por abuso de autoridad o desconsideración hacia los trabajadores. La ley sanciona las faltas graves con multas de entre 300 y 3.000 euros. Tres inspectores del Consejo se desplazaron el pasado 15 de octubre a Coruña para entrevistarse con los seis funcionarios del juzgado, con el magistrado denunciado, con el secretario judicial, con miembros de la junta de personal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y con representantes de CC.OO., el sindicato denunciante. La denuncia que desencadenó la investigación había sido formulada un mes antes. El escrito describe dos episodios ocurridos en el juzgado que terminaron con los seis trabajadores en situación de baja. En ambos casos se denuncian insultos, descalificaciones y vejaciones del magistrado a los funcionarios, que terminaron con crisis nerviosas, con una trabajadora encerrada en el cuarto de baño sin querer salir y con otro empleado de la administración de Justicia asistido por los médicos forenses del palacio de justicia coruñés. CC.OO. señala que el trato desconsiderado del magistrado hacia sus funcionarios se repite desde hacía dos años. Los seis funcionarios afectados han permanecido de baja hasta el 31 de diciembre, cuando, por consejo de sus médicos y de acuerdo con el alto tribunal gallego y el CGPJ, aceptaron ser trasladados en comisión de servicios a otro juzgado.