La Ley del Ruido vigilará la calidad acústica interior de inmuebles y viviendas

La Ley del Ruido que prepara el Ministerio de Medio Ambiente consagra la calidad acústica, la «limpieza» sonora, como un bien protegible. De ese principio arranca un proyecto que pretende contener la contaminación acústica en áreas urbanas y rurales, y garantizar unos niveles aceptables de confort tanto en exteriores como en el interior de inmuebles y viviendas. La futura norma prevé sanciones de hasta 300.000 euros, clausura de instalaciones y/o revocación de permisos administrativos o licencias para las infracciones muy graves. La condena de dos años de cárcel por delito ambiental impuesta por el Tribunal Supremo al dueño de una discoteca a causa del exceso de ruido del local llegaba este miércoles en puertas del envío al Consejo de Ministros del proyecto de Ley del Ruido, que ultima estos días el equipo de Elvira Rodríguez. Según responsables del Ministerio, la sentencia rubrica la «consideración del ruido como una contaminación grave», susceptible de causar perjuicios a la salud, la calidad de vida de los ciudadanos, su intimidad personal y familiar y al medio ambiente, derechos todos ellos protegidos por la Constitución. En este contexto, el anteproyecto de la ley se marca como objetivos básicos «prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar los riesgos y reducir los daños que ésta pueda producir», subrayaron las mismas fuentes. La ley, según el borrador aún sometido a estudio, clasificará en «áreas acústicas» los espacios y los ámbitos territoriales con los mismos objetivos de calidad acústica, que se calcularán según futuros índices de emisión e inmisión (el nivel de ruido recibido en un determinado ambiente). La administración competente delimitará luego estas áreas en función del uso predominante del suelo (residencial, industrial, recreativo, sanitario, docente, infraestructuras y equipamientos públicos, o espacios naturales). La calidad acústica será pues un factor relevante en las clasificación del suelo, la planificación urbanística y la edificación. A partir de su entrada en vigor, la concesión de nuevas licencias de construcción de edificios de viviendas, hospitales, centros educativos o culturales y otros de interés público estará ligada a la obtención de una certificación acústica y al cumplimiento de los niveles de calidad sonora que rijan en el área correspondiente. La futura norma obligará además al vendedor de un inmueble o una vivienda a responder y costear la reparación de posibles vicios acústicos ocultos que afloren por defectos en el aislamiento e insonorización y que vulneren los estándares de calidad vigente en cada caso. Ambas medidas buscan garantizar «una mayor protección del adquirente».