Los expertos creen que las diferencias sanitarias entre autonomías aumentan

La reciente aprobación unánime de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud dota a la descentralizada sanidad española de un valioso instrumento de coordinación, un aglutinante que frene las diferencias crecientes entre las 17 redes sanitarias autonómicas. Pese a ello, no conjura algunos de los principales peligros, dicen los expertos; entre ellos, la insuficiencia de recursos financieros y la disparidad en la calidad y el acceso de los ciudadanos a las mismas prestaciones. Una vez cerrado en 2002 el mapa de las transferencias de la sanidad y fijados los nuevos mecanismos de financiación, la evolución del sistema sanitario «es un test para el Estado español de las Autonomías», para su cohesión y equidad. Lo dice Julián García Vargas, ex ministro socialista de Sanidad y responsable de este capítulo en el informe «España 2003, una interpretación de su realidad social», presentado esta semana por la Fundación Encuentro. El estudio avala las bondades sociales de los sistemas de salud públicos y universales, como el español descentralizado, pero alerta del principal riesgo que se cierne sobre él, la falta de recursos financieros suficientes para hacer frente a la demanda creciente de calidad y servicios por parte de los ciudadanos, la mayor esperanza de vida de éstos, el aumento de los costes tecnológicos o la disparada factura farmacéutica. España sigue aún en la zona baja de la UE en gasto sanitario total (7% de PIB en 1998), por detrás de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Italia, Portugal y Grecia. La distancia, además, lejos de aminorar, ha crecido en la última década porque en España el gasto público en salud está estancado desde el 94.