Sancionan a un ayuntamiento por no proteger del ruido a sus vecinos

Alguazas (Murcia) se ha convertido en el primer ayuntamiento de España que tendrá que indemnizar a varios de sus vecinos por no vigilar que las empresas radicadas en su término municipal cumplan con la normativa sobre ruidos. En una resolución novedosa que puede provocar una riada de denuncias parecidas, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia que condenó al municipio y a una empresa a pagar a una familia más de 102.000 euros por su casa más la cantidad equivalente al alquiler de una vivienda durante los años que duró la infracción. Es la primera vez que el alto tribunal sanciona a una administración por su permisividad hacia la contaminación acústica, y la segunda que castiga el exceso de ruido. En este caso se trata de una familia murciana, que soporta desde 1990 niveles de ruido que el Supremo describe como «insoportables» y «evitables» y que provienen de una empresa de congelados situada a 50 metros de su casa. Según el abogado de la familia afectada, José Luis Mazón, la co-responsabilidad municipal a la hora de indemnizar a sus clientes es «un varapalo del más alto nivel contra los ayuntamientos» por esa falta de celo.