Las poblaciones con más de 250.000 habitantes serán «grandes ciudades»

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, más conocido como Ley de Grandes Ciudades, que definirá como tales a aquellas que tengan un tramo de población de 250.000 habitantes. La intención del Gobierno es aplicar la norma antes de fin de año dado el «alto consenso» obtenido entre el Ejecutivo y la oposición sobre el contenido de la futura norma. Respaldada por el «amplio consenso» que alcanzó la inicial proposición no de ley, que fue pactada por PP y PSOE y que obtuvo el apoyo de CC, PNV y el «apoyo parcial» de IU, el ahora proyecto de Ley de Grandes Ciudades se tramitará por el procedimiento de urgencia debido a este «alto consenso», según anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas. La norma, que crea un régimen jurídico específico para los municipios de gran población, incluirá en la categoría de grandes ciudades a aquellas que superen los 250.000 habitantes, a las capitales de provincia con más de 200.000 habitantes y los municipios que alberguen sedes de instituciones autonómicas. Otras novedades dentro del régimen específico es que el Gobierno local estará integrado por el alcalde y la Junta del Gobierno Local, pudiendo formar parte personas que no reúnan la condición de concejal y en un porcentaje no superior al 50%. Representación política Los Plenos de las corporaciones municipales serán los órganos de representación política y también se crearán los Consejos Sociales de la Ciudad como órganos de participación en las políticas de desarrollo local. Se contempla además la planificación estratégica y los grandes proyectos urbanos y el establecimiento de un Observatorio Urbano, en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas, para reunir indicadores sobre la calidad de vida y de los servicios en estos municipios. La nueva Ley conllevará además modificaciones en la Ley de Régimen de Bases Local con el fin de arbitrar mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y la defensa de los derechos de los vecinos, como la regulación de iniciativas populares en el ámbito local, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la creación de una comisión de sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos municipales. Madrid y Barcelona Arenas anunció que Madrid y Barcelona tendrán un proyecto de Ley específico, pues el actual proyecto no incluye la Ley de Capitalidad de Madrid ni el reconocimiento pleno de la Carta Municipal de Barcelona «al no apreciarse el grado de consenso para ello», aunque, dijo Arenas, como no dará tiempo a tramitarlo, será el próximo Gobierno quien lo lleve a cabo.