Firmarán un contrato que habrá que anular si se separan
Las parejas gais británicas se equipararán al matrimonio
Las ventaja más destacada es la obtención de la paternidad de los hijos
Los homosexuales británicos disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones de los que gozan las parejas heterosexuales. Estos «matrimonios civiles» se registrarán con la presencia de testigos. Con la enorme polémica como telón de fondo originada por la confesión de un obispo homosexual de haber mantenido una relación con el mismo hombre durante veintisiete años, el Gobierno de Tony Blair anunciaba ayer que las parejas homosexuales que estén registradas tendrán los mismos derechos que un matrimonio heterosexual. El primer paso en esta revolución social, que no se hará efectiva antes del treinta de septiembre, la dio el alcalde de Londres, Ken Livingstone, cuando en 2001 estableció un registro en el que se podían apuntar las parejas homosexuales estables. Desde ese momento se han apuntado más de trescientas cincuenta parejas, aunque se cree que a partir del anuncio realizado ayer por la viceministra de la Mujer y de la Igualdad, Jacqui Smith, el número se disparará. «Se trata de normalizar la situación como parejas normales en todos los órdenes de la vida pero que sin embargo son invisibles ante la ley», explicó Smith durante la presentación de los nuevos planes. Las parejas homosexuales que se quieran registrar, en un acto parecido a un matrimonio heterosexual civil, no se verán obligadas a vivir juntas durante un determinado periodo de tiempo y aunque no se trata de un contrato civil como el establecido en un matrimonio heterosexual, si la pareja gay decide separarse tras la firma de este contrato pasará por un proceso formal judicial para disolver la relación. «Este contrato conlleva una serie de derechos y obligaciones como en cualquier matrimonio normal», explicó Smith, y agregó, «se trata de legislar en línea con la nueva realidad de la vida de la gente». Como si se tratara de un matrimonio entre heterosexuales, la nueva ley contempla que las parejas homosexuales registren su relación en sus ayuntamientos, ante un registrador y con dos testigos. Entre las ventajas que conlleva este contrato destaca la posibilidad de obtener paternidad sobre los hijos de uno de los miembros de la pareja, podrán recibir una pensión estatal conjunta, pensión de viudedad y ser tratados como familiares cercanos en los hospitales. Entre las obligaciones destaca la de la manutención y la de registrar su muerte. El plan gubernamental, que afecta a Inglaterra y Gales -Escocia tiene su propia ley civil-, ha causado polémica no sólo en sectores de la Iglesia cristiana, sino también entre las organizaciones que defienden el reconocimiento de las parejas de hecho heterosexuales. Los eclesiásticos critican que se iguale el status de una unión homosexual al matrimonio, mientras que activistas para los derechos humanos opinan que la ley debería extenderse a todo tipo de parejas no casadas. Actualmente, existe legislación de este tipo en otros nueve países europeos y, según la secretaria de Estado, «está comprobado que funciona».