Tránsfugas y siervos

AUNQUE desde la pasada primavera los partidos con representación parlamentaria habían acordado ampliar el «pacto antitransfuguismo», no hay duda de que ha sido el escándalo de la Comunidad de Madrid suscitado por la defección de dos diputados socialistas el detonante que ha auspiciado el acuerdo conseguido el pasado lunes, que no sólo traspone las medidas ya adoptadas en el ámbito municipal al autonómico sino que las extiende a todas las instituciones representativas, incluidos el Congreso de los Diputados y el Senado. En virtud de dicho pacto, los partidos no podrán valerse de los tránsfugas para alterar los equilibrios emanados de unas elecciones, y se creará además la figura del «No Inscrito» para impedir que los disidentes se integren en el Grupo Mixto, con lo que se evitará que disfruten de los beneficios políticos y económicos que corresponden a los miembros de éste. Durante la reunión del lunes, el socialista Álvaro Cuesta propuso asimismo establecer limitaciones a la posesión del escaño: se trataría de abrir la posibilidad de que despojar de él al tránsfuga cuya actuación no tenga que ver con la libertad ideológica sino con «una deslealtad hacia el electorado, un fraude a la representación conferida y una desnaturalización del resultado electoral». Ante tal propuesta, la delegación del PP presidida por Javier Arenas ha aceptado la creación de una comisión técnica de juristas que estudiará su viabilidad. En nuestro país, la experiencia ya acumulada nos avisa de que, en la inmensa mayoría de los casos, los tránsfugas son oportunistas que se aprovechan de la intangibilidad de su escaño, consagrada por la doctrina del Tribunal Constitucional, para fines inconfesables. Con todo, no debería confundirse esta forma de corrupción, que presenta ribetes penales en ocasiones, con la autonomía del representante popular surgido de las urnas. La excesiva eminencia de los aparatos de los partidos políticos constituye una perversión democrática, que aquí se roza con frecuencia precisamente porque la ley electoral, cuyas líneas maestras son incluso preconstitucionales, buscó precisamente consolidar unos partidos que, por aquel entonces, eran extremadamente frágiles. No deja de ser chocante que todas las propuestas que esporádicamente formula la oposición de turno sobre «regeneración democrática» incluyan el desbloqueo y la apertura de las listas electorales ­-lo que supone una mayor autonomía del electo y una vinculación más estrecha con sus electores-, cuando en realidad se agrandan los consensos tendentes al monolitismo y la rigidez de los grupos parlamentarios, que convierte a los electos en siervos. En el Reino Unido, con ocasión de la guerra de Irak, una parte del Partido Laborista se ha enfrentado a Blair, en un ejemplar ejercicio de libertad, sin que a nadie se le haya pasado por la cabeza adoptar contra los disidentes represalia alguna. Y en el Congreso norteamericano, la disciplina de voto es relativa, puesto que con gran frecuencia se producen mayorías ocasionales según el asunto de que se trate. En suma, la acción de los partidos no debería dirigirse contra los tránsfugas los hay en teoría de muchas clases sino contra la corrupción, para abortar o desactivar las fugas provocadas por móviles inconfesables. Pero las verdaderas reformas deberían impulsarlas las fuerzas políticas hacia dentro, democratizando internamente las organizaciones, buscando la promoción de los mejores y no permitiendo la existencia de «familias» endogámicas que negocian cuotas de poder, con unas consecuencias que a la vista están. Produce sonrojo el haber tenido ocasión de conocer a personajes como Tamayo y Sáenz, sujetos que jamás deberían haber llegado a ostentar representación alguna por sus limitadísimas condiciones intelectuales. Y es estremecedor pensar que individuos como Balbás han tenido gran influencia en el aparato socialista. En consecuencia, si se quiere limitar la degradación de la política, en modo alguno será suficiente con limitar el recorrido de los tránsfugas: habrá también que dignificarla, convocando a ella a las elites sociales y buscando cauces de promoción que tomen más en cuenta la capacidad personal de los candidatos que su afectación a grupos de presión que negocian cuotas.