España y la inmigración

El demógrafo Carlos Angulo acaba de publicar en el Instituto Nacional de Estadística un estudio monográfico titulado La población extranjera en España en el que analiza la situación actual y realiza prospecciones para varias hipótesis distintas. En la actualidad, hay en España unos dos millones de extranjeros, el 4,7 por 100 de los 41,8 millones de habitantes según el último padrón, de 1 de enero del 2002. Si se mantiene la misma tasa de incremento de inmigrantes del 2001 (394.048), España tendría 46 millones de habitantes en el 2010, de los que 5,5 millones (el 12 por 100) serían extranjeros. Si el incremento anual fuera de sólo 250.000 (cifra que manejó en el pasado el INE como más probable), los habitantes de nuestro país en el mencionado año serían 44,5 millones, de los que cuatro millones (el 9 por 100) serían extranjeros. En resumen, si se confirma una hipótesis intermedia entre las dos mencionadas, en siete años se habrá duplicado la presencia de inmigrantes en nuestro país, que pasarán del actual 5 por 100 a alrededor del 10 por 100. Los escenarios que maneja Angulo son cuatro en total y configuran un abanico de resultados según las circunstancias: la población extranjera en el 2010 puede, en fin, oscilar entre el 9 por 100 y el 13,5 por 100 de la total... El hecho de que un estudioso que publica sus análisis en una institución oficial dibuje un futuro tan abierto en materia tan vital resulta en sí mismo desconcertante ya que, evidentemente, el flujo inmigratorio no es una variable aleatoria: depende de la política gubernamental al respecto y de los controles que se realicen en las fronteras. Únicamente resulta imprevisible el ingreso de ciudadanos de países de la Unión Europea, que no es determinante para el cómputo final. Es bien evidente que nuestro país obtiene jugosos beneficios de la inmigración. El más importante de ellos desde el punto de vista sociopolítico es el rejuvenecimiento de la población, que incrementa la sostenibilidad del sistema de previsión. La tasa global de fecundidad (nacimientos por cada 100 mujeres en edad fértil) es casi el doble entre los inmigrantes que entre los españoles (5,5 por 100 frente a 2,83 por 100). Además, los inmigrantes participan activamente en la creación de riqueza. Por todas estas cosas y por la existencia de una 'cultura de la tolerancia' emparentada con el entusiasmo democrático y con el vigor del régimen pluralista, nuestro país ha concedido a esta creciente riada de extranjeros un recibimiento admirable. Al contrario que en otros países de Europa, no ha crecido entre nosotros la xenofobia ni existe un clima hostil hacia los recién llegados. Los incidentes que se han producido han estado aislados y siempre han sido la consecuencia de un desencadenante patológico. Y no se ha confirmado el temido nexo entre inmigración y violencia: el alto número de detenidos extranjeros con respecto al total se debe a la estancia irregular de los inmigrantes ilegales. No deberíamos sin embargo, por prudencia, permitir que este fenómeno salga del control institucional. Para que los flujos migratorios -que son de momento inevitables y, en todo caso, deseables no generen reacciones indeseables ni creen conflictividad es necesario que se produzca una integración de los colectivos foráneos en la sociedad española. Integración que no ha de suponer asimilación pero que requiere la adaptación de los recién llegados a los usos y costumbres autóctonos, el aprendizaje de las lenguas españolas, su instalación cabal en el tejido urbano, el reconocimiento de los valores y las leyes vigentes en nuestro país, etc.. La propia existencia de la Unión Europea, en cuyo seno ya no hay fronteras interiores, haría recomendable que este planeamiento del fenómeno inmigratorio se realizase a escala continental. De poco servirá que un solo país, España en este caso, ubicada en una posición excéntrica que la hace objeto de una gran presión migratoria refuerce sus controles si no hacen lo propio todos los demás.