El PSOE quiere dar 6.010 euros a las familias numerosas por cada nacimiento

El PSOE propone en sus enmiendas al proyecto de Ley de Protección a Familias Numerosas que aquellas con dos o más hijos tengan derecho por un nuevo nacimiento a una prestación económica con un pago único de 6.010 euros, así como ampliar el concepto de familia numerosa a las parejas de hecho. La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, hizo ayer estas propuestas al anunciar las enmiendas de su grupo a la Ley de Protección a Familias Numerosas. Los socialistas también presentaron sus enmiendas al proyecto de Ley de Protección Patrimonial a las Personas con Discapacidad. El PSOE presentó 20 enmiendas al proyecto de Ley de Protección a Familias Numerosas y 16 al de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y anunció que no dará su apoyo estos textos en el Congreso si no son modificados sus contenidos. Consuelo Rumí señaló en conferencia de prensa que el título de la Ley de Protección a las Familias Numerosas denota una posición «paternalista» y la norma está «llena de carencias y ambigüedades». El Grupo Socialista propone que las familias que tengan dos o más hijos tendrán derecho con motivo del nacimiento de un nuevo hijo a una prestación económica que se constituirá en un pago único de 6.010 euros, explicó Consuelo Rumí. Asimismo las enmiendas recogen ampliar el concepto de familia numerosa a parejas de hecho, introducir a las personas mayores dependientes o discapacitadas como miembros computables y adecuar el límite de edad de emancipación de los hijos a 27 años. También recogen el incremento del umbral de la renta al doble del salario mínimo interprofesional y proponen que «la contratación de cuidadores en familias numerosas a tiempo completo o parcial dará derecho a una bonificación del 45 por ciento de las cuotas empresariales a la seguridad social por contingencias comunes». Entre las propuestas del PSOE figura que las familias numerosas de categoría especial tengan una exención del cien por cien en la adquisición de los libros de texto y las de categoría general una bonificación de un 50 por ciento. También contemplan la reserva para familias numerosas de un 10 por ciento de las plazas en centros de educación preescolar y centros docentes sostenidos con fondos públicos o privados concertados así como facilidades para acceso a viviendas protegidas. Las enmiendas socialistas proponen un régimen de exenciones y bonificaciones en las tasas y precios en la prestación de servicios en los ámbitos de la educación y el transporte así como la aplicación del régimen sancionador «también a las empresas que no cumplan la ley», explicó Rumí. Respecto al Proyecto de Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, el diputado socialista Joaquín Sánchez Garrido, señaló que se trata de una norma «pensada para gente que tiene dinero» y «no protege a los más desfavorecidos». Sánchez Garrido anuncio que el Grupo Socialista «tiene interés en llegar a un consenso», pero rechazará el proyecto si no se aceptan las enmiendas presentadas. Según explicó, el Grupo Socialista «especifica» que sean las personas «con interés legítimo» las que puedan pedir la creación de un patrimonio protegido y precisa que el destino de este patrimonio sea exclusivamente «las necesidades vitales de los discapacitados». Los socialistas presentan al texto, que cuenta con diecisiete artículos y una disposición adicional, un total de dieciséis enmiendas que modifican prácticamente cada uno de los preceptos de la Ley. En primer lugar, quieren limitar las aportaciones al patrimonio protegido del discapacitado a aquellas personas que tengan un «interés legítimo» con el fin de evitar que se puedan hacer aportaciones para conseguir exenciones fiscales. Igualmente, exigen que se especifique que los derechos de este patrimonio deben destinarse en exclusiva a la satisfacción de las necesidades vitales del discapacitado y que los bienes y derechos del mismo sólo respondan a las obligaciones contraídas por el titular y su representante para cubrir sus necesidades vitales. Finalmente, entienden que la Administración debe asumir la tutela del incapaz cuando ninguno de los actores previstos en la Ley sea nombrado tutor y pide más medios para que el Ministerio Fiscal pueda ejercer su función. Por su parte, Sánchez Garrido comentó que la Ley de Protección Patrimonial del Discapacitado ha defraudado al colectivo de los discapacitados. «Se necesitaba una reforma fiscal en profundidad y es una Ley pensada sólo para la gente que tiene dinero», criticó.