El Congreso pide al Gobierno un plan contra el tráfico de mujeres y niños

El Gobierno debe elaborar un Plan Integral de Lucha contra el tráfico internacional de mujeres, niñas y niños, con un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino, que incluya medidas para prevenir y eliminar dicho tráfico, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas. Así lo recoge el informe de la Ponencia sobre tráfico de mujeres, constituída en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer. El texto, consensuado por los grupos parlamentarios, será debatido y aprobado en Comisión el próximo 16 de septiembre. Según la Ponencia, el Plan debe contener medidas de prevención y sensibilización, de educación y formación, de asistencia y protección a las víctimas, medidas legislativas y procedimentales y medidas de cooperación y coordinación. Además, la Ponencia considera que el Plan, que deber ser consultado con las comunidades autónomas, debe ir acompañado de la correspondiente Memoria Económica, que recogerá el presupuesto que se invertirá por cada Ministerio en la ejecución de actuación de su área, así como la implicación económica que tendrá para otras administraciones. El Plan debe incluir una batería de medidas de sensibilización para promover la «tolerancia cero» respecto a estas actividades, en el ámbito de la sociedad civil en general y de los sectores profesionales implicados. Por ejemplo, prevé campañas informativas y códigos éticos destinados a avanzar hacia la repulsa del turismo sexual. Al mismo tiempo, recoge todo un área de educación y formación a nivel escolar en relación a la igualdad de género, así como otra más específica a los profesionales de la judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Concretamente, considera necesario impartir cursos de formación específica y sensibilización a las Fuerzas Armadas y de Seguridad desplegadas en zonas de conflicto. Dentro de las medidas de asistencia, propone crear plazas de acogida en centros específicos para las víctimas de tráfico, proporcionándoles apoyo psicológico, médico, social, administrativo y legal. Al mismo tiempo aconseja que se garantice la protección de testigos a estas víctimas, y que se estudie la posibilidad de proteger a sus familias en el país de origen. En cuanto al área legislativa, propone un protocolo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dirigido a su actuación contra el tráfico de personas, así como incrementar la realización de inspecciones sistemáticas en los clubes y otros establecimientos, sin necesidad de denuncia.