El Europarlamento ha dado luz verdeal comercio de emisiones de CO2

El pleno del Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a un acuerdo que permitirá la entrada en vigor, a partir del año 2005, de la directiva sobre el derecho de emisiones de gases contaminantes causantes del efecto invernadero. Con esta medida se pretende cumplir con los acuerdos alcanzados tras la firma del Protocolo de Kioto sobre cambio climático, en el que se establece que en el año 2012 la Unión Europea deberá reducir sus emisiones nocivas en un 8% con relación a las registradas en 1990. En virtud de la normativa, cada uno de los Estados miembros tendrá asignados unos derechos de emisiones para controlar sus niveles de contaminación, que serán distribuidos anualmente entre las industrias especificadas en la directiva en función de sus emisiones históricas. En este sentido, los gobiernos asignarán el 90% de estos derechos de forma gratuita y, el resto, mediante subasta pública. Aunque la comisión de Medio Ambiente del Europarlamento pretendía que desde el año 2005 se contemplaran los seis gases causantes del cambio climático (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidroclorofluoruro, perfluorocarbono y hexafluoruro de azufre), el pacto alcanzado entre los Quince ha quedado circunscrito en la primera fase sólo al CO 2 (2005-2008). Compra y venta de cuotas En un principio, los sectores afectados por la directiva serán los productores de energía, las siderúrgicas, las cementeras, las papeleras y las industrias relacionadas con la producción de vidrio, cerámica y minerales. Además, entre los años 2004 y 2006, se estudiará si conviene extenderlo a sectores como el químico, el del aluminio o el del transporte. La trascendencia económica y medioambiental de la nueva directiva será enorme ya que se verán afectadas unas 10.000 empresas europeas (generan el 46% de las emisiones de CO 2 ) que deberán modificar sus instalaciones o procesos de producción para reducir sus emisiones atmosféricas nocivas. Sólo para las industrias españolas, la medida supondrá un coste superior a 1.000 millones de euros al año. El primer paso lo darán los respectivos gobiernos que deberán especificar la cuota que asignan a cada empresa de cada sector, que irá reduciéndose anualmente para garantizar que se cumple el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes. Aunque dichas asignaciones serán gratuitas, si las industrias generan más de lo estipulado deberán abonar una multa cuya cuantía oscilará entre 40 y 100 euros por tonelada excedente. En el caso de no querer pagar la sanción podrán comprar derechos de emisión a aquellas que no hayan gastado el margen que les fue adjudicado. Estas últimas, también podrán optar por reservarse la diferencia para futuros ejercicios. De esta forma, se premia al que contamina menos y se estimula al que lo hace en exceso. El texto también prevé la creación de una fórmula legal que regule la entrada en el mercado europeo de «créditos de emisiones» procedentes de los recortes que acometan países no comunitarios.