La nueva ley contra el maltrato ha amparado a un millar de víctimas El descuartizador de Jaén, a prisión

Entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, 1.074 víctimas de malos tratos, casi todas mujeres, recibieron el amparo de la orden integral de protección contra la violencia doméstica, cerca del 80% de las solicitadas en toda España. Los primeros datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran la rápida implantación de este nuevo instrumento en la lucha contra esta lacra social. En su primer mes de andadura la orden de protección ha cosechado un éxito quizá inesperado. Del total de 1.390 órdenes solicitadas sólo fueron denegadas 316, apenas un 23% del total. En el 77% restante de los casos, los magistrados asistieron a las víctimas con las medidas cautelares previstas en la Ley aprobada unánimemente en el Congreso el pasado 31 de julio; de índole penal (alejamiento de agresor) en 648 casos, de carácter civil (retirada temporal de la patria potestad de los hijos al agresor, suspensión de las visitas, concesión del uso de la vivienda a la víctima, etc.) en 64, y de ambos tipos en 362 casos, según el balance inicial que presentó este lunes Montserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica de este órgano. Estas cifras, facilitadas por los jueces decanos de los 436 partidos judiciales, demuestran, dijo Comas, que se trata de una ley «de imperiosa necesidad» para proteger a las personas que sufren violencia en su entorno familiar. Si la tendencia y los porcentajes se mantienen, el vuelco en el tratamiento inicial que los malos tratos reciben en los juzgados españoles será total. En el primer trimestre de este año los jueces sólo adoptaron cautelas contra el maltratador en un 29% de los casos, y menos aún en ejercicios anteriores, pese a tener plena potestad para decretar cuantas medidas de salvaguarda de las víctimas creyeran oportunas, aun antes de la entrada en vigor de la orden de protección. El propio CGPJ reconocía en junio pasado este flanco débil en la lucha judicial contra la violencia doméstica y admitía la necesidad de una mejor aplicación de los recursos legales a favor de las víctimas. Por Comunidades Autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura fueron en las que se dictaron un mayor número de medidas cautelares asociadas a órdenes de protección; sólo se rechazaron entre el 14 y el 16% de los casos durante el pasado mes. 72 horas El cambio radical obedece ahora a las previsiones legales de la orden de protección, que obligan al juez encargado a dictar medidas cautelares, o rechazar su aplicación si no detecta peligro de agresiones, en un plazo máximo de 72 horas. «Las cifras son distintas ahora porque el legislador ha querido que los jueces se pronuncien en un plazo muy breve», asintió Comas. Las diferencias, aunque llamativas, no revelan por ahora una aplicación desigual de la orden de protección, señaló Alberto Dorrego, director general de Modernización del Ministerio de Justicia. Obedecen más bien a la distorsión lógica del período estival y a la novedad de la estrategia judicial en la lucha contra la violencia doméstica. Es pronto también para conocer si la orden de protección ejerce un efecto disuasorio entre los maltratadores. A pesar de su prometedor arranque, a la orden de protección le quedan flecos sueltos como la vigilancia del cumplimiento de las medidas de alejamiento de los agresores. En este punto trabaja, la comisión de seguimiento para la implantación de la orden de protección, así como en la coordinación entre jueces, cuerpos policiales encargados de aplicar el abanico de medidas. Este miércoles el Senado dará luz verde a los cambios en el Código Penal que convertirán en delito la primera agresión, sin necesidad de acreditar habitualidad. El juez del número 2 de Primera Instancia e Instrucción de Martos (Jaén), Juan Antonio Chamorro, ha ordenado el ingreso en prisión por un delito de homicidio para Luis A. C.H., el anciano de 91 años que el pasado viernes descuartizó con una hacha a su mujer, Gertrudis Aranda, de 90 años. | efe