Diario de León
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Alida Valea - bucarest
León

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La boda de la princesa gitana Ana María, de 13 años, ha desatado la polémica dentro y fuera de Rumanía, donde la Fiscalía acusó ayer al marido, de 17 años, de relaciones sexuales con una menor. Ana María, hija del llamado rey de los gitanos, Florin Cioaba, se casó el pasado sábado con Mihai Birita, de 17 años, en la localidad de Sibiu (centro de Rumanía). Para la eurodiputada Emma Nicholson, observadora la Unión Europa (UE) en Rumanía, lo que en realidad ocurrió fue la violación de una menor, por lo que solicitó que la niña sea separada del esposo y protegida por las autoridades. La Fiscalía de Sibiu convocó ayer a Mihai Birita y lo acusó de relaciones sexuales con una menor. La boda, esperada por los gitanos como la fiesta del año y seguida por todo el país por televisión, se vio empañada por las lágrimas de Ana María, que abandonó la iglesia desconsolada en plena ceremonia. Convencida para que volviera, la niña se convirtió en la esposa de Mihai Birita, según la tradición de los gitanos, pero no según las leyes rumanas, que definen el casamiento como la «unión libremente consentida» entre dos personas, siendo la mujer mayor de 16 años y el hombre mayor de 18. La ceremonia en la que fueron unidos Ana María y Mihai siguió el rito de la Iglesia Baptista de Pentecostés y la ofició el padre de la novia, que también es líder religioso de esta comunidad. Tras la noche de bodas, la familia del novio presentó a los invitados la sábana manchada de sangre, como prueba de que el casamiento fue consumado. El padre defendió el derecho de los gitanos a que se respeten sus tradiciones, y resaltó que él mismo se casó con 14 años, cuando su novia tenía 13. Los gitanos de Rumanía suelen arreglar las bodas de sus hijos desde muy pequeños, establecen las condiciones materiales de un contrato y muy frecuentemente los casan siendo menores de edad. Vasile Ionescu, secretario de Estado del Ministerio de Cultura y especialista en los problemas de los gitanos, dijo que él no está de acuerdo con esas prácticas, pero consideró que la intervención de la Policía sería «un gran error». «¿Qué va ha hacer la Policía?», preguntó, tras precisar que mejor sería promover unos programas de educación en el espíritu de la sociedad europea, para que la comunidad gitana (unos 600.000 en una población de 22,5 millones, según el último censo, aunque se cree que son casi el triple) se integre en la comunidad europea.

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