Más protección para el águila imperial Integración de los ciudadanos

El águila imperial ibérica, un endemismo peninsular y la más amenazada de nuestras águilas, ha visto disminuir de forma alarmante su área de distribución hasta el punto de colocar a la especie en la década de 1960 al borde de la extinción. De esta forma, su presencia quedó reducida al cuadrante occidental de España con una población estimada de unas 150 parejas, fragmentada en pequeños grupos repartidos por las Comunidades de Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Se cree que cerca de 30 ejemplares viven en centros de recuperación de fauna salvaje. Además de los cambios en las prácticas agroganaderas, las enfermedades, los expolios y las pérdidas de puestas por molestias, los principales peligros a los que se enfrenta la especie son el aumento en el uso de cebos envenenados (69 cadáveres recuperados en la última década), los cepos, la escasez de conejos y las colisiones con los tendidos eléctricos. En Castilla y León su distribución se limita a las sierras de Gredos (Ávila) y Guadarrama (Segovia), calculándose que existen unas 20 parejas, una población que se ha mantenido relativamente estable, con una ligera capacidad de crecimiento. Aumentar la productividad Con estos antecedentes, y para establecer las medidas de protección que garanticen la supervivencia de esta especie en peligro de extinción, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, que tendrá una vigencia de seis años, en el que se recogen actuaciones dirigidas a mejorar la situación de amenaza que sufre en la actualidad. Según explicó la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, durante la presentación del documento, «dado que los datos de mortalidad no natural en esta especie son más altos que en otras rapaces, se prevén medidas para evitar los accidentes por envenenamiento y electrocución». En este sentido, se instará a las compañías eléctricas para que entierren o aumenten el grosor de los cables para impedir las colisiones. Además, se contempla mejorar las dotaciones de medios para los agentes forestales, medioambientales y celadores de medio ambiente, así como aumentar la vigilancia en las zonas de riesgo. Igualmente, se construirán vivares (zonas cercadas) en los que se introducirán conejos que les servirán de alimento, se retirarán los pollos más débiles para que no puedan ser comidos por sus hermanos mayores y se pondrá en marcha un programa de inseminación artificial y de cría en cautividad. Según indicó la consejera, «se pretende elevar la productividad hasta 1,7 pollos por nido y que el crecimiento anual de las parejas reproductoras sea del 7% de forma que a los seis años de vigencia del Plan se alcancen los 24 territorios ocupados, máximo histórico conocido en Castilla y León». Con el fin de recuperar sus hábitats y favorecer la nidificación, se dotará de protección legal a las «áreas críticas» de la especie, es decir, a aquellos territorios incluidos dentro del Plan de Recuperación que se consideran vitales para su conservación. Así, se establece un régimen de protección en el que se regulan las actividades que pueden afectar la supervivencia del águila imperial lo que significa que no se podrán instalar parques eólicos, cotos de caza intensiva, ni tendidos eléctricos, salvo que cumplan con las condiciones antes mencionadas. También se recogen medidas relacionadas con la planificación urbanística de forma que los planes parciales que se realicen tendrán que superar una evaluación de impacto ambiental. Además, y durante el período de cría (entre el 1 de febrero y el 15 de agosto), se suspenderán o limitarán ciertas actividades de ocio (rutas a caballo, vehículos todo terreno, excursiones en moto) que producen molestias durante la incubación de los huevos. Otro aspecto a destacar es el dirigido a la integración entre administraciones y ciudadanos. Según adelantó Ruiz, «todos los proyectos de más de 600.000 euros ejecutados por la Junta de Castilla y León en terrenos no rústicos, incluidos en el ámbito de aplicación del Plan, excepto los de educación y sanidad, destinarán un 0,5% del presupuesto a acciones previstas en el mismo». Por otra parte, se apoyarán las buenas prácticas de gestión del territorio y está prevista la creación de la figura del «colaborador», a nivel individual, de asociación o federación de caza, al que la Administración le pueda reconocer en un momento determinado la labor que realiza en la conservación de la especie. También se prevé un sistema de bonificaciones fiscales para aquellas personas o colectivos que contribuyan económicamente a la recuperación de la especie.