Estrasburgo juzga si Francia ofrece la protección necesaria a los no nacidos

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo juzga desde ayer si el Estado francés ofrece la protección necesaria a los todavía no nacidos. La acusación es la de violar el artículo 2 de la Convención Europea que garantiza el derecho de toda persona a la vida. El debate es si el concepto de «persona» puede aplicarse a un feto de 5 meses. Todo empezó con un trágico error en un hospital de Lyon. Dos inmigrantes vietnamitas se cruzaron en la sala de espera del consultorio de ginecología con un mismo problema, su mal conocimiento de la lengua francesa, y para colmo de males con el mismo apellido. Pero las necesidades médicas de las dos Madame Vo eran completamente diferentes: una acudía al médico para que le retirara el DIU que llevaba; la otra, embarazada de cinco meses, se disponía a pasar un control de rutina. El ginecólogo confundió a ambas pacientes y su intento de extraer el dispositivo intrauterino a la embarazada provocó la perforación de la placenta y su posterior aborto. Madame Vo acudió a los tribunales y en un primer momento el médico fue condenado por homicidio involuntario. Los jueces se basaron en una ley de 1.975, que establecía que a partir de las 11 semanas de gestación el feto «no es más una parte jurídica integrante de la madre». Pero el Tribunal Supremo francés revocó la decisión con  el argumento de que el delito de homicidio involuntario no puede aplicarse a un feto. Polémica El debate ha levantado ampollas en la sociedad francesa, hasta el punto de que el gobierno se ha visto obligado a retirar una enmienda que tipificaba como delito la interrupción involuntaria del embarazo. Algunos casos especialmente dramáticos, como el atropello por parte de un conductor temerario de una embarazada y su hijo de corta edad, le habían aconsejado el tomar esta iniciativa. Pero las mujeres francesas se levantaron en armas. La nada sospechosa ministra de la Ecología, Roselyne Bachelot, se pronunció sin ambigüedades en contra de la tipificación de este delito que abría la puerta a la consideración del feto como persona. La última reforma de la ley francesa  es del 2000. En ella se amplió el plazo hasta las 12 semanas de embarazo  y se suprimió además  la necesidad de la autorización  paterna para aquellas menores de edad que  quisieran abortar.