La industria tendrá que comprar derechos de emisión por 5.000 millones

Hasta 5.000 millones de euros tendrán que desembolsar cada año las empresas españolas para comprar derechos de emisión de contaminantes a partir de 2007, cuando se aplique el techo establecido en cumplimiento del Protocolo de Kioto. Mientras se acerca la fecha límite para que el Ministerio de Economía remita a Bruselas, antes del 1 de abril, la propuesta inicial de asignaciones, representantes de los sectores industriales desfilan para exponer sus alegaciones ante la directora general de Desarrollo Industrial, Belén Cristino. Desde la patronal Ceoe se expuso un planteamiento inicial de que fuera el presupuesto del Estado quien corriera con los gastos. Los sectores están sacando a la luz ahora desde los efectos negativos del sobrecoste medioambiental -desaparición de plantas productivas, destrucción de empleo-, hasta las fórmulas posibles para reducir los contaminantes. Informe externo La estimación de costes de la compra de derechos ha sido realizada por la consultora PriceWaterhouse Coopers (PWC) sobre los precios de referencia utilizados por la Unión Europea para su propuesta de directiva sobre comercio de derechos de emisión, y calculando que las emisiones españolas de gases con efecto invernadero serán entonces un 45% superiores a las del año 1990. La horquilla de aumento de esas emisiones se sitúa entre el 23% y el 71%. En cuanto a los precios, la Unión Europea ha tomado una banda entre 20 y 32 euros por tonelada: el coste mínimo de las adquisiciones estaría en 3.140 millones, y el máximo en 5.024 millones de euros. Si España se pone las pilas y aplica medidas efectivas de reducción, el desembolso quedaría rebajado a 3.520 millones (ó 2.200, en el mejor de los casos). Un coste de derechos de emisión de 5.000 millones de euros supondría una pérdida del 12% en la balanza comercial española, lo que a su vez podría provocar un descenso de la tasa de cobertura del sector exterior desde el 76% al 74%. El recorte estimado del Producto Interior Bruto se eleva, en el peor de los casos, hasta el 5%. Comprar derechos Todos los sectores implicados coinciden en un diagnóstico: España tendrá que comprar derechos. Como resultado del reparto de la carga entre Estados miembros de la Unión Europea, adquirió el compromiso de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo 2008-2012 en niveles que no superen en un 15% las contabilizadas en 1990. El incremento registrado hasta 2000 ya era del 33,7%. Aumento en la última década Entre 1990 y 2000, el gran aumento de las emisiones de España está directamente ligado al crecimiento de la economía durante ese periodo. El Producto Interior Bruto registró un avance del 30% y, el consumo de energía primaria una expansión del 43%. Algo se hubiera podido hacer, pero las llamadas a la eficiencia energética datan de fecha reciente. De manera que el escenario europeo, advierten los sectores, no está diseñado de forma equitativa. Se da la paradoja de que España tendrá que comprar derechos a países como Alemania o el Reino Unido, que tienen índices de emisiones de CO2 por habitante muy superiores. Más que otros países Como su punto de partida era mucho más bajo -consecuencia de un desarrollo tardío-, el 15% de aumento inicialmente tolerado a España supone no rebasar las 8,3 toneladas de CO2 equivalente por habitante, y, en el periodo comprometido, se van a permitir a Alemania 11,7 toneladas, y 11 toneladas al Reino Unido. De justicia es reconocer también que estos dos países han practicado sensibles reducciones de su emisión de gases con efecto invernadero, favorecidas por la elección del año-base. Desde 1990, en Alemania se han dejado sentir los efectos de la reestructuración de la antigua RDA, y en el Reino Unido ya ha madurado la liberalización energética, y está muy avanzado el relevo de las centrales térmicas de fuel por las de gas, mucho menos contaminantes. Diferencias Desde el Ministerio español de Economía se ha lanzado el mensaje de que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en España proceden de los sectores no regulados por la directiva de comercio de derechos de emisión. En 2000, los sectores regulados -generación eléctrica, refino del petróleo, cemento, azulejos, vidrio y cerámica, siderurgia, papeleras-, aportaron el 40% de las emisiones al total nacional, frente al 60% generado por los no regulados: transporte (26%), residencial (5%), residuos (5%)... A todos ellos les afectará la nueva estrategia sobre cambio climático, de la que ya existe un borrador, según anunció la ministra de Medio Ambiente. Información En cuanto a los sectores regulados, se les ha pedido que aporten el máximo de información, antes de asignarles unos límites contaminantes, expresados en el Plan Nacional de Emisiones. Si los superan, tendrán que recurrir a comprar los excedentes de otras empresas, en España o en otros países. El mercado europeo de emisiones arrancará en el 2005 y Bruselas no está dispuesta a dejar que se compren derechos al tercer mundo.