Tienen hasta el año 2007 para cumplir la Ley de Control Integrado de la Contaminación
2.400 industrias españolas han declarado sus emisiones contaminantes
Se han establecido multas de hasta 2 millones de euros para las empresas que carezcan de licencia ambiental
Las industrias españolas tienen hasta el año 2007 para adaptarse a una legislación ambiental mucho más exigente que contempla, entre otras cosas, que deberán comunicar cada año a las autoridades ambientales de cada Comunidad Autónoma sus emisiones contaminantes. Con los datos recibidos, el Ministerio de Medio Ambiente elabora un Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, llamado Eper. Se trata de una consecuencia directa de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), aprobada en el año 2002, cuyo objetivo es regular las instalaciones o proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente, así como la seguridad y la salud de las personas, haciendo especial hincapié en la prevención de acuerdo con los principios de tutela y salvaguarda del medio ambiente. Existen en España unas 6.000 empresas que deberán adaptarse a la nueva regulación, responsables del 40% de las emisio nes a la atmósfera y los vertidos al agua, cuya reconversión supondrá unas inversiones estimadas entre 800 y 2.000 millones de euros. Autorización ambiental Los principales sectores afectados serán el papelero, cementero, textil, agroalimentario y ganadero, así como las industrias químicas, de generación de energía térmica, producción y transformación de metales y de gestión de residuos. Según recoge la IPPC, para informar de sus emisiones y vertidos las empresas deberán solicitar un Autorización Ambiental Integrada (AAI), a través de una ventanilla única medioambiental en cada Comunidad Autónoma, encargada de unificar todos los permisos que deberán tener las empresas. Se otorgará por un máximo de 8 años, antes de ser renovada, exigiéndose a las compañías aplicar medidas para prevenir la contaminación, gestionar adecuadamente sus residuos, usar de forma eficiente las materias primas o evitar accidentes. Un régimen sancionador prevé multas de hasta 2 millones de euros para las empresas que carezcan de licencia ambiental, pudiendo llegar hasta el cierre definitivo de la actividad si no se corrige el nivel de contaminación. Para ayudar a empresas y trabajadores a integrarse en las nuevas normas ambientales, las Fundaciones Istas y Biodiversidad han puesto en marcha el programa «Ecoadapt», que comprende tanto el seguimiento de la implantación de la IPPC como la formación de los empleados. Años de validez