Educación infantil

La financiación pública de la educación infantil (3-6 años) es un objetivo que se mantiene, aunque es preciso, según el Gobierno, hacer un estudio económico para lograr este propósito. Fernández de la Vega insistió en que la Loce no fue acompañada en su tramitación de la preceptiva memoria económica. La portavoz Fernández de la Vega, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue más explícita que San Segundo, adujo que los itinerarios formativos a los 14 y 15 años, que permitían separar a los alumnos en función de rendimiento académico e intereses profesionales, eran inaceptables por ser «segregadores». Para compensar la ausencia de esta medida, el Gobierno propone actividades de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y el refuerzo de la optatividad. La religión, que se iba a desdoblar en dos materias (una confesional y otra laica, ambas evaluables y computables en el expediente académico desde primaria a bachillerato) seguirá siendo una materia de oferta obligatoria por parte de los centros, pero voluntaria para los alumnos. Como se respeta el estatuto actual, el credo católico no será tenido en cuenta para acceder a un curso superior, recibir una beca o ingresar en la universidad. «La religión pertenece a la esfera íntima de la persona y no puede tener su reflejo en el expediente académico», dijo Fernández de la Vega. La prueba general de bachillerato, examen que iba ser preciso superar para acceder a la Universidad, no se aplicará. En su lugar continuará la actual selectividad, único examen válido y homologable para cursar estudios superiores. La Loce preveía la posibilidad de que las universidades introdujeran sus propias pruebas de admisión de alumnos. Aparte del doble filtro, la reválida es reprobable porque en su diseño y evaluación no participa la Universidad, según San Segundo.