Andalucía retira los recursos contra las leyes de células madre
El duelo a cara de perro entre las administraciones estatal y andaluza por las células madre embrionarias tocó ayer a su fin. El Consejo de Ministros aprobó ayer la retirada del recurso interpuesto por el Gobierno de José María Aznar contra la ley andaluza que permite el uso de embriones sobrantes en investigaciones biomédicas. En contrapartida, la Junta hizo lo propio con el recurso que planteó, a su vez, contra la ley estatal por invasión de competencias. Ahora Madrid y Sevilla comparten siglas y planteamientos. Ambos gobiernos son favorables a los ensayos con células madre extraídas de los embriones sobrantes de los procesos in vitro, con controles éticos y científicos pero sin el sesgo centralizador que impuso el PP en la reforma de la Ley de Reproducción Asistida. La normativa estatal, que ahora modificarán los socialistas, encomendaba la descongelación de los embriones y la gestión de las células madre derivadas en exclusiva a un Banco Nacional de Líneas Célulares, dependiente del Ministerio de Sanidad. La retirada del recurso del Ejecutivo central significa que «a partir de este momento se levanta el freno para que en Andalucía se pueda investigar con preembriones humanos no viables para fecundación in vitro» anunció tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega. Sanidad cuenta con Izpisúa El secretario General de Sanidad, Fernando Lamata, valoró positivamente la posibilidad que Juan Carlos Izpisúa, uno de los principales expertos en medicina regenerativa, pudiera incorporarse a la investigación en España en el campo de las células madre. Durante una reunión con el profesor Izpisúa, el secretario General de Sanidad manifestó la «firme voluntad» del Gobierno de apoyar la investigación con células madre. Para ello, Lamata anunció que será necesario modificar la Ley de Reproducción Asistida, con el fin de impulsar la investigación en este ámbito, superando así las restricciones establecidas por el Gobierno del PP. Sanidad presentará la reforma legal al Parlamento después de analizarla con la comunidad científica, representantes de enfermos y con la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, así como con la Comisión de Ética de Ciencia.