Lo que los gais han unido...

Todo es virtual hasta que el Gobierno modifique tres artículos del Código Civil que permitirán contraer matrimonio a las parejas de homosexuales en igualdad de condiciones que los heterosexuales, pero lo cierto es que la Diputación, con mayoría del PP, va a aprobar la próxima semana en el pleno una moción que apoya testimonialmente estas uniones. En el seno de la Comisión de Bienestar Social de ayer hubo sus más y sus menos -algunos diputados pensaban erróneamente que habría que cambiar la Constitución para alcanzar esta nueva situación administrativa-, pero, con matices, se dio el visto bueno a una iniciativa que el PSOE quiere extender a todos los municipios leoneses donde tienen representación. El Ayuntamiento de Posada de Valdeón será el próximo ejemplo de un municipio que apruebe este tipo de uniones, después de León, San Andrés del Rabanedo, Sabero y muy pronto también La Bañeza. El equipo de gobierno PSOE-IU está decidido a normalizar con todas las consecuencias una situación ya aceptada socialmente en el municipio, y cuando se dice con todas las consecuencias se incluye su total apoyo a regular las adopciones de hijos entre parejas del mismo sexo. Pajín: «Habrá ley en un año» Es obvio que se trata de declaración de intenciones, «suficiente» para la secretaria de Movimientos Sociales del Gobierno, Leyre Pajín, quien se ha comprometido a «agilizar al máximo» la Ley de Parejas de Hecho y la reforma del Código Civil para que ambos proyectos sean una realidad en este primer año de legislatura. La procuradora socialista Inmaculada Larrauri, por su parte, está ultimando su propuesta de una ley autonómica que regule este tipo de situaciones en consonancia con las reformas programadas por el nuevo Gobierno. Lo que ya está decidido es el documento que se leerá el próximo miércoles en el salón de sesiones del Palacio de los Guzmanes. Aunque con un apoyo matizado por ciertos sectores del PP, todos los grupos han anunciado su intención de votar a favor de la moción que presentará el PSOE. Fin a la discriminación Su contenido pide al Gobierno de la nación y al Parlamento el reconocimiento del derecho al contrato matrimonial de las parejas constituidas por dos hombres o dos mujeres, al mismo tiempo que pide que se arbitren las medidas necesarias «para acabar con la discriminación legal y social» que padecen los menores hijos de madres lesbianas y padres gais. Además se insta a los poderes públicos a que, en el marco de sus competencias, erradiquen de las leyes y de la sociedad toda discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. La declaración culmina con una muestra de solidaridad hacia todos los gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de todo el mundo «que son perseguidos, vejados, agredidos e, incluso, condenados a pena de muerte». Las peticiones de muchos colectivos han logrado que actualmente se haya regulado una Ley de Parejas de Hecho en seis comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, Madrid y Baleares). Sus normas igualan el matrimonio y las uniones de hecho en el ámbito del derecho público de cada comunidad autónoma, quedando fuera todas las materias que son competencia del Estado, como pensiones o herencias. Desde hace 12 años En 1992 el Tribunal Supremo definió las uniones de hecho como convivencias que han de desarrollarse en régimen de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública, creándose así intereses y fines comunes en el núcleo de un mismo hogar. Este es el concepto que se ha utilizado en muchos litigios que defienden la nueva situación legal.