Diario de León

La DGT da marcha atrás para cumplir la legalidad y preservar los datos personales de los imprudentes

Tráfico rectifica y sólo publicará las iniciales de los infractores Cerca de 175.000 niños son víctimas de explotación laboral en España

El PP pide al Ejecutivo que no improvise «porque crea inseguridad e incertidumbre»

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido dar marcha atrás la propuesta del jueves que consistía, dentro de su nueva campaña, en hacer públicos los nombres de los conductores imprudentes que originen un accidente. Esta medida causó bastante polémica, por lo que la organización sólo facilitará las iniciales de los infractores de las normas viales, con el objetivo de cumplir la legalidad que protege los datos personales. La portavoz del PP en la Comisión para el estudio de la Seguridad Vial en el Congreso pidió al Gobierno que «no improvise y rectifique contínuamente» porque crea «inseguridad e incertidumbre». «Vamos a estar en la legalidad; si tenemos que dar iniciales, tan sólo daremos iniciales. No pretendemos incurrir en absoluto en la ilegalidad. La filosofía de nuestra decisión es, huyendo de la polémica, dar mayor importancia al hecho de que muchos accidentes se producen por conductas que podríamos evitar», dijo un portavoz de la DGT respecto a la nueva decisión de Tráfico. La DGT hizo públicas ayer, dentro del acuerdo con la nueva ofensiva informativa de dar a conocer los factores de riesgo que producen los accidentes y las tragedias que llevan implícitos, las dos primeras identidades completas de conductores implicados en infracciones o accidentes de circulación de «carácter singular» o que causaron especial «alarma social». Éste último aspecto se refiere a conductores que circularon por autovía en dirección contraria y bajo los efectos del alcohol. El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, calificó como positivas las medidas que permiten conocer las razones por las que se producen los accidentes y la forma de evitarlos, pero siempre «con el máximo respeto a los derechos individuales y con el fin de concienciar a toda la sociedad de que la reducción de accidentes depende de cada uno de nosotros y no es un problema que pueda solucionar sólo la Administración». La DGT dijo al respecto en un comunicado que «no se propone ir más allá de lo permitido por las leyes». «Parece que es mucho más importante difundir las circunstancias en que se producen los accidentes, los factores que los ocasionan y las pérdidas de vidas que causan que los nombres de las personas que en ellos intervienen». Éste es un dato, que para la información, puede resultar complementario pero en casi ningún caso sustancial», agrega el comunicado. La Agencia Española de Protección de Datos estudia las implicaciones de tipo legal de la decisión tomada el jueves y anulada ayer. Campañas a favor de la vida Su director, José Luis Piñar, manifestó ayer que su departamento «no tiene nada que objetar a campañas que luchen contra quienes pongan en peligro su vida y la de los demás, pero siempre respetando la Ley de Protección de Datos». Cuando una Administración infringe la ley no hay una una multa económica, sino que primero tiene que adoptar medidas para evitar que se vuelva a producir, y está obligada a informar al Defensor del Pueblo, y en algunas circunstancias depurar responsabilidades. Piñar también aseguró que existen dudas respecto a la posibilidad de difundir de forma pública los datos personales de estos infractores, dado que los datos administrativos tienen una protección específica. La Agencia considera que deben estudiarse alternativas que permitan compatibilizar las normas de protección de datos con las políticas de prevención de la seguridad vial. El cambio en la decisión de la DGT ha sido criticado por la portavoz del PP en la Comisión para el estudio de la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Ana Torme, que pidió ayer al Gobierno que «no improvise y rectifique contínuamente» porque crea «inseguridad e incertidumbre». «Nos preocupa que un gobierno actúe con tanta frivolidad», concluyó. Unos 246 millones de niños son explotados laboralmente en el mundo, de los que 175.000 corresponden a España, denunció ayer Carola Reintjes, presidenta de Ideas, coordinadora de la Marcha Global contra la Explotación Laboral de la Infancia, que pidió más implicación del Gobierno y del ciudadano para eliminar el problema. Reintjes criticó la falta de datos en Norteamérica y España, pero «contrastando investigaciones, hay de 100.000 a 300.000 niños explotados» en este país, dijo en conferencia de prensa con motivo del I Congreso Mundial de Menores sobre Explotación Laboral, clausurado hace unos días en Florencia (Italia) y organizado por la Marcha Global. Sin embargo, «el dato más real parece que es el de Unicef, unos 175.000 niños», añadió la presidenta de Ideas, acompañada en la conferencia de prensa por la niña madrileña Tania y el paraguayo Carlos Alberto Rolón, participantes en el Congreso de Florencia y la Marcha Global. Dicho movimiento ha logrado la aprobación del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige la desaparición de las peores formas de trabajo infantil (prostitución, explotación y tráfico de menores). Pese a la poca información en España, añadió Reintjes, sí se sabe dónde se concentra la mano de obra infantil: agricultura, hostelería e industrias textil y calzado.

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