El Gobierno paraliza la Loce y el PP anuncia que recurrirá a los tribunales

La Loce, la ley educativa más efímera, ya es historia. El Gobierno aprobó ayer el real decreto que suspende la aplicación de la reforma educativa patrocinada por el Partido Popular y que establecía la obligatoriedad del área de religión, los itinerarios formativos y la reválida. Los populares recurrirán la decisión del Gobierno con el argumento de que la Administración central invade competencias. Quien vulnere la legalidad y siga aplicando la Loce deberá «atenerse a las consecuencias», sentenció la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De esta manera, la portavoz del Ejecutivo lanzaba un serio aviso a los dirigentes del PP, que durante estos días están amagando con la idea de regirse por la legislación anterior, al entender que con la suspensión se ha creado un vacío legislativo. Ante la determinación del Gobierno, la coordinadora de Participación y Acción Sectorial de PP, Ana Pastor, ratificó la decisión de las comunidades gobernadas por el PP de recurrir ante los tribunales ordinarios la paralización. Aparte de la invasión competencial, Pastor aseguró que «es nulo de pleno derecho que un decreto paralice una ley, y constituye una desviación de poder, al impedir que se aplique una ley orgánica vigente». Pastor apremió a las autoridades educativas a que expliquen por qué se actúa con tal urgencia. A juicio de la dirigente popular, el PSOE carece de una alternativa, lo que hace que muchas familias ignoren qué van a estudiar sus hijos el próximo curso. Fracaso escolar Sin embargo, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, negó tal extremo y recalcó que durante los dos años que dura la «moratoria» los estudiantes cursarán los currículos de la Logse, la ley de 1990. San Segundo dijo que no renuncia a combatir el fracaso escolar y asumió el reto de los países de la UE para que en 2010 el 85% de los jóvenes logren terminar el bachillerato. La ministra cree que la norma auspiciada por su antecesora Pilar del Castillo no es compatible con el principio de igualdad.