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León

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En el prólogo de la edición española del informe, que ayer presentó, la ministra de Medio Ambiente abunda en lo que ya corroboran las estadísticas mundiales sobre la íntima relación entre el despilfarro medioambiental y la pobreza. «La mala gestión de los recursos naturales aumenta la marginación de los pobres y provoca el desencuentro entre gobernantes y gobernados, degenerando, en muchos casos, hacia una institucionalización de la corrupción», añadió Cristina Narbona. El antídoto es complicado y exige muchos ingredientes. Participación pública, transparencia y la implicación de la sociedad civil en la toma de decisiones; vigilancia, descentralización, la responsabilidad de las empresas, reconocimiento de los derechos de propiedad de las comunidades originarias,... y un largo listado de buenas prácticas que, difíciles de ejecutar en los países democráticos, resultan casi imposibles en las naciones más subdesarrolladas. El informe denuncia el escaso cumplimiento de los compromisos de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, porque -asegura- «se sigue fracasando al no integrar el pensamiento ecológico en las principales corrientes económicas y en las decisiones sobre desarrollo». «A nivel nacional, los Ministerios de Medio Ambiente son aún débiles y, si acaso, operan en los aledaños de las decisiones políticas importantes», añaden los autores del informe presentado ayer.

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