Las comunidades del PP recurren ante el Supremo el freno a la Loce

Las siete comunidades autónomas gobernadas por el PP abrieron ayer un nuevo frente jurídico contra el Ejecutivo central. Como habían anunciado, los consejeros de Educación de La Rioja, Murcia, Madrid, Valencia, Baleares, Castilla y León y Galicia presentaron ayer ante el Tribunal Supremo sus respectivos recursos contra la paralización por decreto de la Ley de Calidad (Loce), en lo que consideran un claro ejemplo de «desviación de poder» del nuevo Gobierno socialista. Poco después de la visita de sus correligionario al Supremo, el líder del PP, Mariano Rajoy, resumía el parecer de su partido respecto de la actuación de los nuevos responsables del Ministerio de Educación, al anular el pasado 28 de mayo los preceptos básicos de la Loce. «No es de recibo, es dudosamente democrático e impresentable», afirmó. Los populares discrepan del fondo y de los modos de la contrarreforma educativa socialista. Anular por decreto el corazón de una ley orgánica demuestra, más que el talante aperturista que reivindica José Luis Rodríguez Zapatero, «un talantazo», subrayó Rajoy. Para los consejeros de Educación de los ejecutivos autonómicos recurrentes, representa, además, «un ejercicio inconcebible de desviación de poder» y desoye un precepto básico de la Constitución, según el cual un decreto no puede anular normas de rango superior, como una ley orgánica. A los recursos de ayer le seguirán en breve otros tantos ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias», y se suma a la consulta elevada por la Comunidad de Madrid al Consejo de Estado para determinar si el decreto tiene carácter retroactivo e invalida la voluntad de la presidenta, Esperanza Aguirre, de aplicar la Loce. Desconcierto Cuestiones de método aparte, la decisión del Gobierno de anular los itinerarios formativos, la reválida y la obligatoriedad de la asignatura de religión, sume a la comunidad educativa en el desconcierto, a falta de pocos meses para el inicio del nuevo curso escolar, adujo Luis Peral, consejero de la Comunidad de Madrid. Espera, no obstante, que el Supremo se dé prisa, sentencie en el plazo de unas semanas y permita que el próximo curso comience «con el horizonte despejado para la comunidad educativa». En funciones de portavoz, Peral destacó las contradicciones que provoca la decisión del Gobierno central. Sin prueba general de bachillerato o reválida, los alumnos que logren el título «no podrán homologarlo» al de otros países europeos, aseguró. El dictamen del Consejo de Estado se conocerá esta semana.