Los policías determinarán el riesgo potencial de cada mujer maltratada

La policía podrá evaluar el grado de riesgo de una mujer víctima de violencia doméstica y ofrecer protección individualizada, según el Protocolo aprobado ayer por la Comisión de Seguimiento de la Orden de Protección, decisión sobre la que los sindicatos policiales advirtieron de la escasez de medios. En el caso de León, atendiendo a los últimos datos facilitados por la Fiscalía León, la nueva medida de protección que pondrá en marcha el Gobierno, de acuerdo a la Ley Integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres, afectará en la provincia a 310 casos denunciados en el último año, de los cuales 238 son órdenes de alejamiento y 72 peticiones de protección. Según los datos apuntados por la Fiscalía, se registraron 134 juicios inmediatos por falta por cuestiones relacionadas con los malos tratos en el ámbito doméstico, además de incoarse 53 diligencias. La mayoría de las denuncias presentadas ante la Justicia están realizadas por mujeres, 135, frente a 22 hombres. El nuevo protocolo de actuación para las distintas policías firmado por el Gobierno, el Poder Judicial, los Ayuntamientos y las Autonomías competentes deja en sus manos el «diagnóstico» y la adopción de medidas de salvaguarda de la víctima, incluso antes de que el juez decrete orden de protección u otras actuaciones cautelares. El acuerdo fue suscrito ayer por la Comisión de Seguimiento de la Orden de Protección, con representación de tres Ministerios -Interior, Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales-, del Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Federación de Municipios y provincias, Colegios de Abogados y Procuradores , y de las Comunidades Autónomas con competencias judiciales transferidas. Este «plenario» decidió convertir a los agentes de la ley -Guardia Civil y policías nacional, autonómicas y municipales- en los principales vigías de la lucha contra la violencia doméstica y, sobre todo, acabar con cierta indefinición sobre quién es responsable principal de garantizar la vida y la seguridad de las maltratadas. Montserrat Comas, presidenta del Observatorio del CGPJ sobre Violencia Doméstica, reconocía sin ambages ambos casos como desencadenantes del protocolo suscrito ayer, para tapar las «fisuras del sistema». El acuerdo es, además, la admisión tácita de una cierta inhibición mantenida hasta ahora por los cuerpos policiales. De hecho, todos los preceptos que incluye, aplicables a partir de hoy mismo, entraban dentro de las funciones implícitas de prevención y vigilancia policial. Sin embargo, el Ministerio del Interior, aclaró anoche que la aprobación del Protocolo para mejorar la protección de las víctimas de violencia doméstica precisa que la evaluación que harán las fuerzas policiales del riesgo de las mujeres será