El PP pierde la primera batalla jurídica contra la paralización de la Loce

El PP ha perdido las primeras escaramuzas jurídicas en la batalla por la defensa de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Loce). Tanto el Tribunal Supremo como el Consejo de Estado consideran que el decreto que suspende la aplicación de la Loce ha de acatarse. No obstante, el órgano consultivo aduce que las órdenes e instrucciones aprobadas por la Comunidad de Madrid «no tienen por qué ser derogadas», aunque sí ajustar su calendario a lo que dice la legislación básica. Por su parte, el Ministerio de Educación expresó su satisfacción por ambas resoluciones, por cuanto «refuerzan la tranquilidad» a la comunidad educativa y dejan claro que las normas son «de obligado cumplimiento». Dentro del galimatías legal a que ha conducido el enfrentamiento educativo entre el PP y el PSOE se aprecian, sin embargo, indicios que anuncian que la balanza se inclina a favor del Gobierno. Por un lado, el Supremo ha desestimado la suspensión «cautelarísima» del decreto que paralizó la reforma educativa del PP. Esto quiere decir que en un primer trámite que no exige escuchar a las partes, el tribunal desecha los argumentos de la Junta de Castilla y León, cuyo Ejecutivo recurrió el decreto gubernamental, acto en el que fue secundado por el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Según fuentes ministeriales, la primera resolución del alto tribunal da la razón al Gobierno, por lo que posteriores pronunciamientos se orientarán en el mismo sentido. Cuestión de fondo No obstante, el consejero de Educación de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, cree que el Supremo todavía no ha dado por zanjada la polémica. A su entender, el tribunal aún no ha entrado en el fondo de la cuestión, ya que hasta ahora sólo ha estudiado aspectos formales y todavía no se ha agotado todo el procedimiento previsto. Si el tribunal siguiera denegando la razón a la Junta, ésta presentaría un recurso ordinario, con el fin de que enjuicie los aspectos fundamentales que entraña el decreto. Según Guisasola, a la hora de aprobar la norma, el Gobierno no consultó a las autonomías, al tiempo que utilizó sin causa justificada el trámite de urgencia, circunstancia que representa una «desviación de poder». El segundo capítulo del enredo viene de la mano del Consejo de Estado. Este organismo ha dictaminado que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha de cumplir el decreto que pone en cuarentena la implantación de la ley educativa. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Educación, el Consejo se alinea con la tesis del Ejecutivo central. El Consejo asevera que no tienen por qué derogarse los acuerdos y decretos de desarrollo de la Loce llevados a cabo por la Administración de Esperanza Aguirre, aunque estas normas han de «ajustar su entrada en vigor a lo que señala la nueva legislación básica.» El Consejo de Estado considera que no se pueden retrasar preceptos como el modelo de promoción, que obliga a los alumnos a suspender curso con más de dos asignaturas suspensas, y las calificaciones numéricas, aspectos contra los que no actúa el decreto. En su dictamen, el organismo consultivo arguye que «no puede objetarse el hecho de que la justificación última para aprobar un decreto como el que paraliza el calendario de aplicación de la Loce sea técnica o «política». «Eso es una cuestión que no influye sobre la validez o no del uso de la potestad reglamentaria».