El CES pide medidas para mejorar el enfoque del género de la ley
El anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género es oportuno, se ajusta a los mandatos internacionales para la lucha contra esta lacra mundial y su carácter integral aumenta las garantías de eficacia. Pese a todo ello, enfatizado por el Consejo Económico y Social (CES) en la propuesta de informe que votará este jueves, el texto necesitaría algunas mejoras técnicas y correcciones para eliminar efectos «indeseables» de la apuesta por una ley específica para las mujeres, principales víctimas de esta violencia sexista. Junto al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Consejo Escolar, el CES es uno de los órganos consultivos que estos días analizan la propuesta del Gobierno antes de enviarla de vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación. Su dictamen está muy lejos del varapalo propinado el martes por el CGPJ al texto, que rechazó por «discriminatorio» hacia los hombres dado su marcado enfoque femenino, aunque le pone también algunos «peros» a la perspectiva de género. Ley original El CES, que acoge a los agentes sociales, empresariales y consumidores y usuarios, admite que diseñar una ley a la medida de las mujeres, que son el 90% de las víctimas de la violencia doméstica, resulta una «técnica legislativa original», que entronca -dice- «con las corrientes feministas del Derecho» y que tiene ventajas indudables y algunos defectos. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantuvieron el pulso cruzado la víspera, después de que la mayoría conservadora de este órgano rechazara informar a favor del anteproyecto de la ley, criticara su carácter excluyente hacia los hombres víctimas de maltrato, por minoritarios que sean, y reclamaba más tiempo para analizar el texto. El portavoz del CGPJ, Enrique López, rechazó cualquier intento del Consejo de «torpedear» la ley y de forzar un retraso en los planes del Ejecutivo de aprobarla el proyecto el próximo día 25. Jesús Caldera, titular del proyecto de ley, volvió a pedir «diligencia» al órgano de gobierno de la magistratura, negó cualquier discriminación o atisbo de inconstitucionalidad, y dejó claro que el Ejecutivo seguirá adelante.