Las especies amenazadas y la caza sufren los estragos del veneno

La utilización de cebos tóxicos por desaprensivos, ya sean ganaderos, pastores o titulares de cotos privados de caza, que pretenden eliminar depredadores como el zorro, también perjudica a especies amenazadas o en regresión (águila imperial, milano real o buitre negro) y, en definitiva, a la propia caza. Castilla y León, junto a Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón encabezan la lista de Comunidades en las que el uso del veneno en cotos de caza y montes se ha convertido en un grave problema. Según los datos manejados por la Consejería de Medio Ambiente, sólo durante el año 2001 se contabilizaron en la región 234 casos de envenenamiento entre los que destacan 88 milanos (real y negro), 34 buitres leonados, 8 buitres negros, 7 lechuzas, 5 águilas reales, 3 águilas imperiales, 2 osos pardos y 2 cigüeñas negras. Desde el Departamento que dirige María Jesús Ruiz y, a través del Protocolo de Actuación contra el uso ilegal de cebos envenenados en Castilla y León, puesto en marcha con fondos Life y la colaboración de grupos conservacionistas, se intenta erradicar esta práctica y, para ello, se ha elaborado un mapa en el que se reflejan las zonas más afectadas por estos sucesos, que podrá ser utilizado por los agentes forestales y agentes del Seprona en la vigilancia y lucha contra los envenenamientos. Según se refleja en el mapa, aunque el uso del veneno afecta a todas las provincias de la comunidad, la mayor incidencia se localiza en las de Burgos, Segovia y Ávila. Erradicar el problema Con el Protocolo contra el uso de cebos tóxicos se pretende aumentar la vigilancia e incrementar la persecución de este tipo de delitos, prohibidos por las directivas europeas, por la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres, por el Código Penal y por la Ley de Caza de Castilla y León, que establece fuertes sanciones económicas, la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para gestionar un coto. Los productos de uso agrícola y los medicamentos para el ganado son las armas utilizadas por los desaprensivos. Se trata de sustancias que pueden adquirirse fácilmente, cuya venta no está regulada y que no se venden como venenos pero que poseen alta toxicidad. Para evitarlo, desde la Consejería de Medio Ambiente se indica que sería necesaria la existencia de un registro en el que figurase tanto el nombre del comprador como la cantidad del producto adquirida. Para lograr una mayor efectividad en la lucha contra el uso de cebos envenenados, la citada Consejería realiza acciones de divulgación y sensibilización entre los colectivos implicados. Además, los agentes forestales reciben cursillos para la aplicación del protocolo que se pone en marcha cuando se produce un envenenamiento. Se pretende que al encontrarse un animal con síntomas de haber sido envenenado puedan ser recogidas todas las pruebas para su traslado al ministerio fiscal e instruir el procedimiento sancionador correspondiente evitando la impunidad por una falta de forma. Para ello, cada comarca forestal dispone del material necesario para la toma de datos como cámara fotográfica, guantes, precintos, mascarillas, etcétera. Además, en los casos más graves, se contempla la inhabilitación para recibir subvenciones en aquellos acotados que hayan registrado casos de envenenamiento o la posibilidad de suspender cautelarmente el aprovechamiento cinegético para garantizar el restablecimiento de la fauna.