ITV, un problema que resolver

«EL AUTOMÓVIL es magia... vendemos magia». Germán López Madrid se muestra así de abierto, contundente y romántico en su ya tradicional reunión-debate con periodistas especializados en la información del automóvil. Inasequible al desaliento, se diría creciéndose al castigo, al presidente de Aniacam (la asociación de importadores) y de Volvo Car España, no le dolían prendas o le dolían tanto como a los románticos del XIX la España que no ha cambiado mucho... en la ilustración de un problema, dormido y enquistado, en la pústula automovilística de principios del XXI: autorización frente a concesión. El jeroglífico se declina, y viene haciéndolo desde hace ya casi dos décadas, en unas ITV (Inspección Técnica de Vehículos) que, al parecer, tienen poco de técnica, menos de inspección y más de chalaneo (dicho sea con el mayor de los respetos). En la práctica, resulta que hasta un 30% del parque automovilístico español no pasa la preceptiva ITV y, lo peor, la falta de auténtica competencia aumenta la permisividad de las autoridades en este aspecto fundamental para la seguridad vial. Automóvil viejo, destartalado y sin ITV acaba siendo sinónimo evidente de peligrosidad vial. De puertas a dentro y en pura teoría legislativa, los reales decretos 3073/1980 y 3273/1981 introducían, de cuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria y con carácter general para todos los vehículos matriculados en territorio nacional (excepto los vehículos particulares con capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor) la obligatoriedad de pasar una revisión en una Estación de ITV. La insuficiencia de la red de estaciones de ITV construidas por el Ministerio de Industria y Energía llevó a una nueva modificación legislativa con la aprobación del real decreto 1987/1985, que incorporaba al ordenamiento español la directiva comunitaria 77/143/CEE, al objeto de agilizar la construcción de EITV, posibilitando el acceso al capital privado. Las funciones y los servicios de las ITV se traspasaban a las comunidades autónomas, a la vez que el Estado mantenía su exclusiva competencia en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor (un régimen de doble supervisión). La aprobación de este real decreto garantizaba, por parte del Estado, una red homogénea de ITV en todo el territorio nacional, estableciéndose también un régimen de concesiones administrativas, lo que, desde un principio, sería objeto de discusión ante los tribunales y, posteriormente, confirmado por el Tribunal Supremo. Aún más, mediante el decreto-ley 7/2000, se ordenaba la sustitución del régimen de concesión por un nuevo régimen de autorización; ello implicaba la liberalización de la actividad aunque, en la práctica, la adopción (por aplicación) del real decreto-ley producía (produce) una situación confusa al no establecerse claramente las consecuencias de la liberalización para los titulares de las antiguas concesiones. A estas alturas -de fechas y textos- con, se supone, el lector tan confundido como la generalidad de usuarios del automóvil, cabría apuntar un régimen de incompatibilidades que permite a los talleres -algunos- organizar las inspecciones técnicas de vehículos y no a los concesionarios oficiales de marcas automovilísticas actuar en el mismo sentido. Es decir, que el sistema de concesión coarta el desarrollo del sistema de autorización, de forma que el tal sistema «no se sostiene» desde el punto de vista del derecho a la libre competencia. Así las cosas, al día de hoy no existe, ni mucho menos, una verdadera razón para mantener el sistema de concesión que, por ende, tampoco tiene razón de ser para el usuario; a la postre, y como tantas veces, el perjudicado final de una situación digamos... particular. Dejando a un lado fastos y oropeles, ciñéndose -si eso fuera posible- a las realidades que operan en otros países de nuestro entorno comunitario y que, en opinión de los expertos del sector, no resultan tan desacertadas como cabe deducirse de la práctica diaria. Frente a unas inspecciones técnicas de vehículos españolas manejadas por grupos privados y sin competencia real, países como Suecia y Suiza tiene ITV estrictamente oficiales (no es un sistema muy apreciado por los especialistas). Francia mantiene un sistema realmente privado, en el que tampoco pueden entrar los concesionarios de coches (se acepta, con matices, por los especialistas). Inglaterra e Italia mantienen inspecciones privadas con fuerte control oficial. Pero el de Alemania es, en opinión de los expertos, el sistema de inspección de vehículos que mejor funciona: mercado totalmente abierto, incluso a concesionarios de marcas y talleres independientes, con fuerte -y efectiva- inspección oficial. La pelota, como tantas veces, en el tejado de la Administración que, en opinión del maestro Germán López Madrid, dispone de vías suficientes para reconducir la situación del monopolio de las concesiones. Ahí queda, hasta los gavilanes , el estoconazo firmado por López Madrid, que se anuncia en los carteles como adalid de causas no tan perdidas desde el momento en que, si se aplicara realmente la ley, sí habría entonces unas inspecciones de automóviles realmente eficaces.