Salgado garantiza en el Senado la equidad en la procuración del aborto

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, aseguró ayer en el pleno del Senado que su departamento garantizará la equidad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, para evitar que esta prestación dependa de las diferencias sociales o económicas de las mujeres que decidan abortar. El PP anunció su rechazo a la ley de plazos que prepara el Ministerio de Justicia para despenalizar el cuarto supuesto y recordó a la ministra que la Constitución protege al embrión. La ministra de Sanidad aseguró que la redacción de la ley que despenalizará el aborto no es «en ningún caso inminente» y aclaró que, en todo caso, la función de su departamento será garantizar la igualdad de acceso a la interrupción del embarazo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, cuando se apruebe. Salgado hizo hincapié en la diferencia entre la interrupción del embarazo. Según recalcó, «las opiniones sobre el aborto son dispares, responden a posturas ideológicas y merecen casi todas ellas ser respetadas», señaló. No obstante, aseguró que el Gobierno entiende que «varios sectores de la sociedad» están en contra de la penalización del aborto, es decir, «el hecho de tratar como delincuente y llevar a la cárcel a una mujer que aborta ante una situación de grave conflicto personal, familiar o social». Por ello, el Ejecutivo considera que esta situación «requiere un cambio de política». No obstante, recalcó que antes de hacer modificaciones el Ejecutivo promoverá un debate social y político sobre esta cuestión para respetar las diferentes posturas y sensibilidades. La ministra recordó al senador del PP, Carlos Gutiérrez, que hace 20 años su grupo se opuso «frontalmente» a la legislación de los actuales tres supuestos que permiten llevar a cabo el aborto y, sin embargo, en la actualidad respaldan esta norma. La oposición del hombre Según los datos que maneja Sanidad, un 38% de las mujeres no utilizan anticonceptivos porque sus maridos se oponen (un 31% de los varones). Además, un 60% de las que abortan no acuden a los centros de planificación familiar y un 85% de las mujeres que abortan y ejercen la prostitución son inmigrantes. Finalmente, la titular de Sanidad subrayó que el aborto no es un método anticonceptivo, por lo que apostará por políticas de concienciación dirigidas a jóvenes para evitar embarazos no deseados y promover la salud sexual. El senador del PP pidió a la ministra que respete la doctrina del Constitucional, en lo que se refiere a la protección jurídica del embrión. Según este senador, para interrumpir el embarazo «debe existir un motivo», concretamente, los tres que recoge la ley actual. Por ello, esta formación política rechazará el proyecto del Gobierno al entender que «el plazo no es motivo que permita abortar». «Este sistema (la ley de plazos) está reñido con la Constitucion y no nos van a encontrar en este camino», valoró Gutiérrez González, calificando de «pacífica» la doctrina actual. «Es innecesario abrir un camino. No hay una demanda social para la reforma. Hay que ser prudente y tener mesura porque puede crear heridas en la sociedad. La norma es pacífica y esto es un valor en sí mismo», concluyó.