Divagaciones andaluzas

MARAGALL NO CONSIGUE agotar la capacidad de sorpresa de su audiencia. Tanto de la que coincide ideológicamente con él como de la que asiste a sus declaraciones escéptica y distante. En su intervención en El Escorial, en un curso sobre 'Nacionalismos del siglo XXI', ha lanzado su estrategia de contar con la complicidad de Andalucía -el más fuerte bastión del PSOE en el Estado, y cuyo presidente autonómico lo es también del Partido Socialista- en sus propuestas reformistas hacia la «España plural». Concretamente, desea que los andaluces reclamen también que la suya sea una 'nacionalidad histórica' para facilitar el camino a los catalanes. Según Maragall, Andalucía tiene dos opciones: «O busca y obtiene el reconocimiento de su singularidad ( ) o se postula como garante de una cohesión basada en la negación de pretendidos privilegios». Para el líder del PSC-PSOE, Chaves debe «buscar y obtener un reconocimiento de la singularidad» de Andalucía para diseñar juntos «las reglas del juego», y le advirtió de que se equivocaría si cometiera el «error dramático» de abstenerse de participar «en el traje a medida» que se está diseñando. Porque los catalanes «no aplaudirán» una reforma constitucional en que no se llame a Cataluña «nacionalidad histórica». Y podría producirse, a su juicio, un enfrentamiento entre comunidades autónomas si Chaves cae en la «tentación fácil de rechazar la existencia de diferencias». Manifiestamente, Maragall pretende lograr el apoyo del presidente andaluz para que Rodríguez Zapatero ceda finalmente en lo tocante a una reforma más amplia de la Constitución de que el presidente del Gobierno ha diseñado, y que apenas comprende los cuatro aspectos conocidos (reforma del Senado, modificación de la línea sucesoria de la Corona para no postergar a la mujer, mención de las comunidades autónomas y referencia a la Constitución Europea). Por ahora, no lo ha conseguido: tras la invocación, Chaves respondió que Andalucía posee «legitimidad indiscutible» para tener un papel «autónomo y protagonista» en las reformas de los estatutos, pero siempre con criterios de «igualdad y no de discriminación». El Gobierno por su parte ha encajado mal el discurso de Maragall. Primero, porque de él se desprende que en su diseño federalista unas comunidades serían superiores a otras, lo que aleja la posibilidad de un amplio consenso; y, segundo, porque da argumentos a la oposición para poner el grito en el cielo y para regatear su apoyo a una reforma que resultaría inviable sin su respaldo y cuyo dibujo parece cada vez más confuso. Hay que decirlo claro: el único «privilegio» con contenido económico a que tienen derecho las comunidades históricas con lengua propia es a que el Estado financie su bilingüismo en el sistema educativo. La propia Constitución de 1978 habla explícitamente del «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» en su artículo 2, por lo que la distinción que ahora se pretende resaltar, al enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, ya está hecha. El que Andalucía -que se resistió, como se recordará, a impulsar su autonomía por la vía del artículo 143 y optó por la del artículo 151, pensado precisamente para las comunidades históricas- opte o no por considerarse 'nacionalidad' no parece un asunto decisivo para la estabilidad del Estado, y la elección deberá quedar en manos de las instituciones andaluzas. No se ve por tanto la razón del afán del presidente de Cataluña. Y sí es en cambio razonable la posición de Chaves, quien postula un pacto político que incluya a todos los partidos y comunidades para la referencia constitucional a éstas resulte aceptable por todos. De nuevo Maragall pone palos en las ruedas del Gobierno, y en el trayecto más delicado. El visionario del PSC está jugando peligrosamente con la estabilidad de este país y con el prestigio de sus propios correligionarios.