El Gobierno contra Maragall

Ante la expectativa de una relevante reforma institucional del Estado, que afectará a los Estatutos de Autonomía y a la Constitución y que debería proporcionar mejor acomodo al País Vasco y a Cataluña, produce perplejidad que la aspiración más vehemente de Pasqual Maragall sea la mención de Cataluña como «nación» en la Carta Magna. Tales inclinaciones abstractas suelen ser patrimonio del nacionalismo romántico; no de las opciones ideológicas modernas, y mucho menos de aquellos partidos que alardean de mantener una sensibilidad de izquierdas. El embarazo del PSOE federal ante las constantes alusiones de Maragall a este asunto -en la última de ellas, en El Escorial, conminó a Andalucía a que haga valer asimismo su condición de comunidad histórica- es bien patente, a pesar de que Zapatero no haya querido entrar a fondo en el problema, a causa seguramente de que el respaldo del PSC le resulta indispensable para mantener la estabilidad gubernamental y llevar a cabo su programa. Y así, no es de extrañar la respuesta desdeñosa que Jordi Sevilla, ministro para las Administraciones Públicas, ha dado a Maragall en lo tocante a la mención explícita de las nacionalidades en la Constitución: «las personas adultas, lo mismo que las comunidades autónomas adultas, son lo que son y saben lo que son, y no necesitan que los demás se lo diga para sentirse reafirmadas con su propia identidad». Efectivamente, la pretensión del «tripartito» catalán, puramente nominalista, es de las que han de incluirse en el universo surrealista e inventado de las cosmogonías nacionalistas. En una era que consagra el triunfo político de la racionalidad, estas aspiraciones idealistas, sin contenido pragmático alguno, nos retrotraen a siglos anteriores o a fanatismos contemporáneos que nada tienen que ver con el desarrollo intelectual de nuestros países. Porque, además, no se trata de reparar un agravio o una omisión: la Constitución de 1978 ya consagra la existencia de 'nacionalidades', si bien, con inteligencia, nuestros constituyentes eludieron mencionarlas por su propio nombre para evitar disputas innecesarias. Disputas que ahora mismo comienzan a atisbarse extemporáneamente tras enunciar Maragall su reclamación. La Carta Magna, en efecto,«reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». En la disposición transitoria segunda, se habilita asimismo un procedimiento especial para el acceso a la autonomía de los «territorios que en el pasado hubiese plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía», lo que facilitó el proceso en Cataluña y Euskadi, que obtuvieron sus primeros Estatutos durante la Segunda República. Igualmente, la Carta Magna estableció dos vías de desarrollo autonómico, la «rápida» del artículo 151 y la «lenta» del 143; tan sólo Andalucía, además de las tres comunidades históricas, optó por aquél. Cataluña no puede decir, pues, que la Constitución no la reconoce como «nacionalidad», es decir, como «nación», aunque no la mencione por su nombre. La pretensión catalana de que se mencione expresamente a Cataluña como «nacionalidad histórica» abre una peligrosa caja de Pandora. De momento, y con todo el derecho, Asturias, por boca del consejero de Justicia de esa comunidad, ya ha manifestado que «Asturias tiene más argumentos que nadie» para ser catalogada como nacionalidad histórica porque «Galicia y Euskadi formaron parte de su reino cuando Cataluña era un condado de la marca hispánica del imperio carolingio». La oportunidad que brinda la reconsideración del Estado de las Autonomías con vistas a su amejoramiento debería aprovecharse, más bien, para racionalizar el modelo, potenciar su dimensión municipal, instaurar plenamente el principio de subsidiaridad entre los distintos niveles administrativos, dotarlo de más eficacia y perfeccionar la representación democrática.