España copa el 43% de las copias ilegales por «p2p» de Europa

España acapara el 43 por ciento de todas las copias ilegales de archivos de música, películas o programas informáticos que se hacen en Europa por Internet a través de las redes «p2p» («peer to peer» o persona a persona), aseguró el secretario del consejo de EGEDA, José Antonio Suárez. Este representante de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) participó en un curso sobre el estado de su sector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde defendió que ningún consumidor o usuario de Internet puede alegar ya que «no sabe» que comprar un disco o una película en el llamado «top-manta» o descargárselo de Internet «es ilegal». Los datos que maneja esta organización indican que Europa representa el 60 por ciento de las redes «p2p» de intercambio de ficheros y que, dentro de ella, España es el país líder en número de «descargas ilegales», al acaparar cuatro de cada diez. José Antonio Suárez discrepó de aquellos que sostienen que la legislación española tiene «agujeros» de los que se aprovecha la piratería, ya que él la considera «adecuada», aunque opina que el problema reside en «conocerla y aplicarla». No obstante, expresó su satisfacción por el hecho de que la reforma del Código Penal que entrará en vigor en otoño castigue la «fabricación, la difusión o la mera tenencia» -según sus palabras- de programas informáticos o sistemas que burlan los mecanismos de seguridad anticopia que protegen determinados discos o películas. Suárez se declaró consciente de que este asunto ha suscitado «polémica», pero también se preguntó si alguien se «escandalizaría si prohibiera la venta de aparatos para abrir cerraduras o para romper los códigos de seguridad de un automóvil». El representante de Egeda rechazó además que se aduzca que el precio de los discos y las películas es una las razones que incita la copia ilegal y la descarga de archivos a través de internet. «El tema de los precios no tiene nada que ver. Hay series medias, bajas y precios para todos. Además, en un estado de derecho no podemos aceptar que sean los delincuentes los que fijen los precios», manifestó.