El referéndum europeo

COMO ES CONOCIDO, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a convocar un referéndum sobre la Constitución Europea, del que dependerá su ratificación. La consulta tendrá lugar en febrero o marzo del año próximo, y su celebración ya cuenta con la aquiescencia de los grupos parlamentarios, aunque no todos ellos adoptarán la misma posición. La formación gubernamental apoya enfáticamente el proyecto constitucional de la UE y también se ha pronunciado a favor, aunque en apariencia más tibiamente, la primera fuerza de la oposición. Izquierda Unida se ha posicionado en contra y los partidos nacionalistas dudan o se oponen ya que la propuesta comunitaria consagra efectivamente la Europa de los Estados y abandona sin miramientos el viejo concepto de la «Europa de los pueblos», tan querido por las naciones sin Estado. Como también se sabe, el Gobierno ha anunciado ya su pretensión de modificar la ley Electoral General, la ley de Financiación de Partidos Políticos y la ley reguladora de las distintas modalidades de Referéndum, de 1980, para hacer posible tanto que los partidos dispongan de un presupuesto público para financiar sus campañas cuanto que pueda realizarse propaganda institucional. En la actualidad, ni lo uno ni lo otro está previsto, y el PSOE tiene amarga experiencia del referéndum sobre la OTAN de 1986, en el que realizó una propaganda muy activa que lo sumió en la ruina. En principio, cabría la posibilidad de que se aprovechara la oportunidad de estas reformas para modificar a fondo el sistema general de financiación pública de los partidos políticos -eliminando las donaciones anónimas, tasando mejor las donaciones privadas, etc.-, pero esta mudanza, sobre la que el PSOE ya dispone de un proyecto de ley, es más problemática, por lo que, con toda probabilidad, se optará por aplazarla y reducir por ahora los cambios legislativos exclusivamente a los que atañen a la institución del referéndum. Las mencionadas reformas requieren sin embargo un previo y muy relevante consenso de todas las fuerzas políticas ya que las normas que se pretende modificar son «fundacionales», afectan a las reglas de juego democrático y, por ello mismo, no deben quedar sujetas a los hipotéticos vaivenes provocados por las sucesivas alternancias. Y si el acuerdo no parece difícil en lo referente a la financiación pública de las campañas de los partidos, es claro que la financiación de las campañas institucionales planteará mucha mayor dificultad. En buena ley, lo razonable sería que esta tarea de divulgación de la Constitución Europea, corriera a cargo de los medios convencionales de comunicación, del sistema mediático, sin necesidad de que les excitaran a ello los partidos ni las instituciones.De hecho, bien pocos ciudadanos conocen con pormenor los intríngulis complejos de nuestra Constitución, y sin embargo esta sociedad tiene perfectamente interiorizados sus valores. En definitiva, la propaganda institucional, como tal, debería eludirse en este caso. Porque, además de la difusión que hagan los medios, los propios partidos no tendrán más remedio, en su propaganda a favor del sí o el no, que exponer con argumentos sus motivos, y aquéllos no pueden ser otros que los distintos extremos de la propia norma que va a plebiscitarse. Convendría, en fin, que este debate fuera sereno y reposado, ya que su desenlace depende del sentido común que se utilice en la polémica. Muchos pensamos que este país, europeísta y democrático, tiene que respaldar la Constitución. Pero está en la naturaleza de nuestras convicciones la necesidad de que quienes piensan de otro modo tengan también sus oportunidades de expresarlo y de persuadir de ello a sus conciudadanos.