«Sin papeles» con trabajo

BUENA PARTE de la sociedad está clamando desde hace tiempo por la búsqueda de soluciones a un problema complejo -y con importante ribetes humanitarios- vinculado a la inmigración: hoy hay en nuestro país un número lógicamente indeterminado de inmigrantes en situación ilegal -que algunos conocedores del asunto cifran entre medio millón y un millón-, que están trabajando en condiciones precarias al servicio de empresarios que cometen una infracción al contratarlos. De entrada, hay que poner de relieve que el Gobierno socialista no es responsable de esta situación, conocida por todos, que se ha encontrado al llegar al poder. De ahí que el Partido Popular, que dejó pudrir el problema durante las dos legislaturas anteriores, deba actuar con ánimo particularmente constructivo en su labor de oposición. No es preciso formalizar un consenso sobre la materia -entre otras razones, porque resulta saludable la controversia- pero sí conviene no hacer demagogia en torno de una cuestión que afecta a las condiciones de vida de un colectivo débil y que hunde sus raíces en las zonas más sensibles de nuestro sistema social. En abstracto, la solución que ha enunciado la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, es acertada: habrá que conceder permiso de residencia y de trabajo a quienes ya están trabajando y hayan residido en nuestro país durante un tiempo indeterminado pero «importante». El problema surge al tratar de aplicar estos criterios: la duración de la estancia puede obtenerse del padrón municipal, pero la certificación de que el inmigrante está trabajando habrá de proporcionarla el empresario. Y será inevitable que surja la picaresca. Las dos grandes centrales sindicales, que en principio no tienen más remedio que aceptar el planteamiento gubernamental, han hecho asimismo hincapié en las dificultades que acarreará su plasmación, dado el elevado número de situaciones individuales que habrá que resolver y la facilidad con que los desaprensivos interferirán en el proceso. Para sortear la picaresca que inevitablemente se producirá hay dos soluciones: La primera consistiría en relajar los controles sobre la presencia de los inmigrantes en el mercado laboral y atender apenas al arraigo, es decir, al período de residencia acreditado mediante el padrón; tal procedimiento equivaldría a un encubierto «papeles para todos». La segunda, más decorosa, sería la aplicación estricta de los dos criterios -arraigo y empleo- mediante un control exhaustivo de ambos a cargo de la Administración. Dado el ingente número de inmigrantes en esta situación y lo limitado de los recursos administrativos, todo indica que habrá que optar por una vía intermedia: control relativo, hasta donde sea posible, del proceso, aunque actuando con la necesaria manga ancha cuando no haya más remedio. Pero tan importante como resolver el problema presente es prever el futuro, partiendo de un axioma esencial: es inhumano y socialmente inviable expulsar a extranjeros que lleven tiempo entre nosotros, hayan aprendido nuestro idioma, se hayan integrado y echado raíces. En consecuencia, lo adecuado es intensificar el control de entrada en las fronteras para que el Estado adquiera la capacidad de graduar el flujo inmigratorio. Esto es lo que no se ha hecho en el pasado -es irrelevante el número de inmigrantes que entra en nuestro país en pateras: los grandes coladeros son los aeropuertos internacionales. De cualquier modo, el problema es inaplazable: no podemos consentir que cientos de miles de personas sigan viviendo entre nosotros sin derechos civiles y con la angustia constante de su propia zozobra. Quien tenga ideas al respecto, que las exhiba, pero que nadie obstaculice la tarea por el simple afán de zancadillear al gobierno. Ni a éste ni a los futuros que tengan que enfrentarse a estos asuntos de la humanidad.